Ocho policías de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario fueron detenidos por orden de la Justicia Federal, acusados de robar 15 kilos de cocaína durante un operativo realizado el 13 de agosto en la zona oeste de la ciudad. Los agentes, que formaban parte de un grupo especial, reportaron a las autoridades haber secuestrado solo medio kilo de droga, ocultando la verdadera cantidad. Además, se llevaron 50 mil dólares y aproximadamente 20 armas de fuego sin dar cuenta de ello en los informes oficiales.
El operativo, que se realizó sin una orden judicial, incluyó el allanamiento de una vivienda en la intersección de Teniente Agnetta y Mendoza, donde los policías informaron haber encontrado una balanza, tres granadas y dos armas de fuego, además del medio kilo de cocaína. Sin embargo, tras una investigación más exhaustiva, los fiscales federales descubrieron que los efectivos habían sustraído mucho más de lo reportado.
La operación fue orquestada por el jefe y el subjefe del tercio de la PAT, quienes, junto a otros seis agentes, están siendo investigados por varios delitos, incluyendo privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, asociación ilícita, robo agravado, falsificación ideológica e infracción a la ley de drogas.
A partir de los registros de las cámaras de seguridad y del GPS de los móviles policiales, los fiscales determinaron que los agentes llegaron a la zona del allanamiento sin orden judicial y con varias horas de anticipación, esperando para irrumpir en la vivienda. Las personas que fueron detenidas durante el operativo, dos hombres y una mujer, finalmente fueron liberadas luego de que se revelaran las irregularidades del procedimiento.
Este miércoles, la Policía Federal y Gendarmería Nacional allanaron las residencias de los policías involucrados y la sede de la PAT en Rosario, ubicada en Lola Mora 100 bis. Durante los allanamientos, cuatro de los policías sospechados fueron detenidos, mientras continúa la búsqueda de los demás implicados.
Según fuentes judiciales, los ocupantes de la vivienda allanada eran comerciantes de nacionalidades peruana y boliviana que vendían ropa y teléfonos celulares en el barrio. Durante el procedimiento ilegal, además de la droga, el dinero y las armas, los policías se habrían llevado prendas de vestir nuevas y varios dispositivos electrónicos.
La investigación fue encabezada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa, bajo la supervisión del juez Carlos Vera Barros. Las graves irregularidades detectadas obligaron a anular el operativo original y liberar a los detenidos, mientras continúa avanzando la investigación sobre el accionar de los agentes implicados.
