La Justicia logró desbaratar la célula argentina de una organización criminal dedicada a robar dinero de cuentas bancarias a través de un sofisticado sistema de ciberestafa. La banda, liderada en el país por un joven de 24 años de Mariano H. Alfonzo, partido de Pergamino, operaba bajo las órdenes de un jefe brasileño con pedido de captura internacional.
La investigación, denominada Operativo Copacabana, logró identificar a los once integrantes de la red que utilizaban un virus troyano llamado Grandoreiro para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y despojarlas de su dinero. Según fuentes judiciales, la maniobra completa, desde que vaciaban las cuentas hasta que el dinero llegaba a Brasil, podía realizarse en menos de veinte minutos.
El virus se instalaba en las computadoras de las víctimas que no contaban con un antivirus pago. Una vez que el usuario ingresaba a su home banking, el virus se activaba y capturaba los datos de acceso. De forma inmediata, los delincuentes apagaban el ordenador y accedían al dinero, transfiriéndolo a cuentas bancarias manejadas por los llamados “prestacuentas”, quienes luego giraban los fondos a los líderes de la organización.
“La banda tenía una estructura piramidal. Los prestacuentas se quedaban con el 10% del dinero robado, mientras que el 70% se enviaba al líder brasileño y el resto era distribuido por el joven de Mariano H. Alfonzo entre su padre y su hermano”, explicó José María Cifuentes, funcionario judicial a cargo de la oficina de Cibercrimen.
La investigación comenzó el 30 de diciembre de 2023, cuando un ciudadano de Buenos Aires denunció el robo de 500 mil pesos de su cuenta bancaria. Tras rastrear las transferencias, se determinó que el cabecilla operaba desde Pergamino. En abril del año pasado, la Fiscalía de Pergamino realizó un allanamiento en la vivienda del principal sospechoso y recopiló pruebas que permitieron avanzar en la causa.
El líder de la organización, radicado en Copacabana, Río de Janeiro, denominaba a los miembros argentinos como “Los Chicos” y era quien recibía la mayor parte del dinero producto de las estafas. Hasta el momento, Interpol emitió un pedido de captura internacional para detenerlo.
El fiscal Nelson Mastorchio imputó a tres de los integrantes de la banda por los delitos de Asociación Ilícita y Defraudación Informática reiterada, que prevé penas de hasta diez años de prisión. La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas y ramificaciones de la organización.
Las autoridades advierten sobre la importancia de contar con antivirus actualizados y de no compartir información sensible en dispositivos desprotegidos, dado que los cibercriminales utilizan métodos cada vez más sofisticados para cometer sus delitos.
