Desde mediados del año pasado, una resolución del Ministerio de Economía nacional reavivó el debate sobre la inclusión de tasas municipales en los servicios esenciales. La medida generó controversia en distintas localidades del país, y en San Nicolás los reclamos de vecinos y comerciantes continúan, centrados en el cuestionamiento sobre cómo se compone la factura de luz.
En el contexto nacional, el cambio de gobierno y la llegada de Javier Milei al Ejecutivo introdujo una fuerte retórica contra el gasto público y los impuestos considerados excesivos. Con frases como “no hay plata”, se instalaron nuevas exigencias de transparencia fiscal. En línea con ese discurso, en septiembre de 2024 el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, publicó la resolución 267/2024, que establece que las facturas de servicios esenciales como luz o gas no deben contener cargos ajenos al servicio prestado.
El texto oficial advierte que incluir tasas municipales en dichas boletas está prohibido, y que el incumplimiento puede ser sancionado según la Ley de Defensa del Consumidor. La medida tuvo eco mediático y provocó cuestionamientos sobre la legalidad del cobro de tributos locales a través de empresas de servicios.
En San Nicolás, el foco de las críticas recae sobre el ítem “Tasa por Alumbrado Público”, incluido en la factura emitida por EDEN, la empresa distribuidora. Aunque el reclamo vecinal persiste, las autoridades locales se amparan en la legislación bonaerense vigente, que permite este tipo de prácticas.
En concreto, las leyes 10.740 y 11.969 del gobierno provincial facultan a las municipalidades a cobrar tasas por alumbrado público a través de las prestadoras eléctricas, siempre que exista una ordenanza de adhesión y un convenio formalizado entre las partes. Esta normativa, respaldada por el Organismo de Control de Energía de Buenos Aires (OCEBA), delimita cómo deben rendirse los fondos, liquidarse saldos y aplicarse recargos por mora.
Desde EDEN señalaron que la resolución nacional no los alcanza, ya que su operatoria se rige por normas provinciales, a diferencia de empresas como Edenor o Edesur, sujetas a regulación nacional.
Aun así, la polémica persiste. En marzo de este año, los bloques de Unión por la Patria y Frente de Todos presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante solicitando al intendente Santiago Passaglia que elimine esta tasa del servicio eléctrico. También advirtieron sobre la modificación en la Ordenanza Fiscal y Tarifaria, que autorizaba a EDEN a retener la totalidad de la tasa de Desarrollo Urbano en caso de mora, no solo el porcentaje correspondiente al alumbrado. Tras presentaciones ante OCEBA, ese artículo fue finalmente frenado.
Otro de los puntos que generó críticas fue el monto: “Lo que se paga por alumbrado público es el doble del costo real del servicio prestado”, afirmaron desde la oposición, exigiendo mayor transparencia y control.
Más allá de que el marco legal bonaerense habilita la inclusión de tasas en las boletas de luz, el reclamo ciudadano apunta a una necesidad concreta: mayor transparencia en la gestión tributaria, sin abusos ni distorsiones que afecten a quienes pagan.
