El Consejo de la Magistratura lleva a cabo una investigación contra el juez federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, por presuntamente haber favorecido al capo narco Esteban Alvarado en una de las causas más grandes en su contra. En pleno proceso de averiguaciones, se supo que el magistrado contrató al hijo del contador del jefe criminal.
Alvarado, uno de los criminales más poderosos de Rosario y jefe de uno de los clanes más importantes de la ciudad, fue condenado en 2019 por el asesinato de un prestamista y por asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico. Entre estas compañías se encuentra Logística Santino SRL, cuyo contador, Gabriel Mizzau, firmaba los estados financieros. Mizzau también gestionaba otras finanzas personales y empresariales, tanto para Alvarado como, presuntamente, para el propio Bailaque, según rumores judiciales.
La situación compromete aún más al magistrado federal debido a que el hijo del contador, Sebastián Mizzau, trabajó en su juzgado federal desde 2017 sin haber participado en un concurso, según dio a conocer el periodista Germán de los Santos, de La Nación. El contador de Alvarado y el juez mantiene una relación de una relación estrecha y de larga data, puesto que fueron compañeros de secundaria. De hecho, comparten continuamente reuniones con amigos.
En un diálogo con ese mismo medio, el magistrado alegó que “desconocía” que Mizzau era quien llevaba las cuentas de Alvarado; por el contrario, aseguró que tomó conocimiento de esta situación ante la consulta periodística.
Por su parte, Sebastián Mizzau -que se desempeñaba como sumariante en el juzgado- fue ascendido hace un mes y medio, por lo que pasó a trabajar en el Tribunal Oral Federal N° 3.
La denuncia contra el magistrado fue presentada en 2022 cuando varios fiscales provinciales solicitaron al Consejo que evalúe el trabajo Bailaque en la causa, ya que en el año 2013 rechazó los pedidos de intervención telefónica a la banda de Alvarado, algo que retasó significativamente el avance de la investigación.
El pedido formal de la intervención estuvo a cargo de los fiscales Marcelo Di Giovanni y Santiago Marquevich. Sin embargo, los funcionarios pudieron avanzar con esta solicitud once meses después y en el marco de otra causa: el asesinato del jefe narco Luis Medina.
La demora en la autorización de estas intervenciones es uno de los puntos claves en el proceso que se inició contra Bailaque. En este contexto, Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, cuestionó la demora en el accionar del magistrado. Por su parte, Bailaque sostiene que actuó conforme a su rol de juez de Garantías, evaluando la solidez de las solicitudes de intervención.
En su defensa, el magistrado argumenta que aprobó la mayoría de las medidas solicitadas y que los fiscales no apelaron las decisiones que fueron desestimadas. El juez federal también hizo hincapié en que fue él quien procesó a Alvarado y llevó su caso a juicio, que resultó en una condena de 15 años de prisión por narcotráfico en 2022.
Sin embargo, fue el propio contador de Alvarado quien gestionó la habilitación municipal de la empresa de la empresa Sagrado Corazón de María SRL. Esta firma que junto con Logística Santino SRL. se encontraban en manos de los testaferros de Alvarado y figuraban en la causa que llevaba Balique.
El caso ha suscitado reacciones en la escena política y judicial. El diputado de la provincia de Santa Fe Carlos del Frade exigió explicaciones y solicitó que el juez aclare su relación con Gabriel y Sebastián Mizzau, debido a su conexión con Esteban Alvarado. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura continúa evaluando las posibles responsabilidades del juez Bailaque, en un proceso que podría llevar a sanciones o a su destitución.
Marcelo Bailaque es el mismo juez que dictó la falta de mérito para el exintendente de, Manuel Passaglia, en la causa por presunto presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La medida alcanza a otras personas, entre ellas su padre, Ismael José Passaglia, también ex jefe comunal de San Nicolás y su hermano Ismael Santiago Passaglia, actual diputado provincial. Para el magistrado restan medidas de prueba en la causa, entre ellas un peritaje contable sobre los acusados.
Esa “falta de mérito” fue apelada por los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad como así también la apelación también requiere revertir la declaración de incompetencia en favor del Juzgado de Garantías de turno del Departamento Judicial San Nicolás para investigar a Ismael José, Manuel e Ismael Santiago Passaglia por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
De este modo, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitaron que se anule la decisión que había sido dictada por el sospechado, Marcelo Bailaque y que se dicte sus procesamientos.
El caso de los Passaglia
La investigación se inició por la denuncia de un testigo de identidad reservada, que daba cuenta que “Ismael J. Passaglia, desde su ingreso a la administración pública ha registrado un incremento patrimonial ostensible, demostrado a través de los numerosos bienes muebles e inmuebles adquiridos por sí y a nombre de integrantes de su grupo familiar, los cuales no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos percibidos por el mismo en el ejercicio de la función pública”.
En el marco de la pesquisa desarrollada por la fiscalía, se determinó que la esposa y los hijos de Passaglia “no poseían capacidad económica suficiente para la adquisición de los distintos bienes registrados a sus nombres en las respectivas fechas de incorporación de los mismos a sus patrimonios”. Además, se investigaba a otras cuatro personas por prestar colaboración a Ismael José Passaglia, para simular operaciones inmobiliarias.
Los fiscales sostuvieron en su recurso que la resolución “ignora el cuadro probatorio reunido, como así también que no solo los imputados no desvirtuaron el mismo, sino que, por el contrario, han reconocido el origen ilícito de los fondos”.
En diciembre de 2022, en oportunidad de requerir el llamado a declaración indagatoria de las personas investigadas como autores y partícipes necesarios del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los fiscales destacaron también “el elevado nivel de vida detentado por todos los miembros de la familia Passaglia, con innumerables viajes al exterior, elevados gastos mediante tarjetas de crédito de titularidad de Ismael J. Passaglia; adquisición de productos suntuosos, adquisición de divisas extranjeras, así como tenencias de plazos fijos del grupo familiar por sumas millonarias, todo lo cual resulta una demostración del incremento patrimonial injustificado que se le atribuye”.
En tal sentido, entendieron que “los fondos obtenidos de manera ilícita por el imputado Ismael José Passaglia durante su desempeño en la administración pública habrían sido convertidos en los bienes detallados precedentemente, mediante lo cual adquirieron apariencia de un origen lícito”.
Asimismo, habían solicitado que se indagase a Ismael José, Manuel e Ismael Santiago como autores -los dos primeros- y partícipe necesario -el segundo- del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por cuanto, durante sus respectivas gestiones como jefes comunales de San Nicolás, propiciaron la contratación de Ismael Santiago para desempeñarse en el Consejo Intermunicipal del Delta. Sostuvieron que Ismael Santiago habría facturado grandes sumas de dinero al municipio sannicoleño entre octubre de 2015 y mayo de 2021.
Por otra parte, al inicio de la investigación se dio intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, en el marco de la fiscalización efectuada, algunos imputados debieron rectificar sus declaraciones juradas por los impuestos a los bienes personales y ganancias, correspondientes a los periodos fiscales 2012, 2014, 2015, 2018 y 2020. En efecto, se advirtieron “serias inconsistencias en la justificación de los bienes incorporados al patrimonio familiar a lo largo del tiempo observando la declaración de donaciones no registradas -en un caso, atribuida a un CUIT inexistente-; la declaración de ‘ingresos exentos’, sin ningún tipo de respaldo documental; la existencia de contradicciones en las declaraciones juradas presentadas por los imputados en torno al origen de los fondos utilizados”.
Tras indagar a las personas investigadas, el 15 de mayo del años pasado el denunciado juez Bailaque dictó la falta de mérito de Ismael José Passaglia, Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, Manuel Passaglia, Delfina Passaglia, Ricardo José Fernández Motta y Nicolás Fernández Motta y declinó su competencia -en favor de la justicia nicoleña- en relación a la investigación por negociaciones incompatibles con la función pública, atribuidas a Ismael José, Ismael Santiago y Manuel Passaglia.
