El intendente de Rosario, Pablo Javkin, entregó este lunes pruebas ante la Justicia federal que vinculan a laboratorios farmacéuticos santafesinos con redes de narcotráfico. La presentación fue realizada en el marco de la causa que investiga la distribución de opioides adulterados con fentanilo, que provocaron muertes en distintos puntos del país.
Según pudo conocerse, Javkin apuntó contra los hermanos Ariel y Damián García Furfaro, propietarios de firmas como HBL Pharma y Ramallo, y los relacionó con al menos tres empresas del rubro farmacéutico: Apolo S.A., Alfarma S.R.L. y Droguería ABC 1 S.A., todas con sede en la provincia de Santa Fe. En su exposición ante el juez Ernesto Kreplak, el intendente aportó documentación que comprometería a estas sociedades con maniobras irregulares vinculadas al tráfico de sustancias.
Uno de los datos más delicados es que Apolo S.A. sufrió una explosión en junio de 2016, que fue atribuida en su momento a una falla de mantenimiento. Sin embargo, Javkin sugirió que el hecho pudo haber sido intencional, y aportó denuncias previas sobre negligencias en la producción de medicamentos. La firma Alfarma S.R.L. presenta inhibición de bienes y tenía habilitación vencida al 10 de mayo de 2024, mientras que Droguería ABC 1 S.A. permanece activa y tiene como accionista a uno de los hermanos denunciados.
En su presentación, el mandatario rosarino también retomó antecedentes que vinculan a los García Furfaro con el histórico triple crimen de General Rodríguez de 2008, vinculado al tráfico de efedrina desviada a cárteles mexicanos. En esa causa, también figura el nombre de Mario Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”, actualmente condenado por narcotráfico.
Tanto la provincia de Santa Fe como la municipalidad de Rosario fueron aceptadas como querellantes en la causa que investiga el uso y distribución de fentanilo contaminado. Javkin ya había expresado en medios locales su preocupación por la falta de control sobre el sector farmacéutico y la posible articulación con redes criminales.
La documentación judicial entregada busca reforzar esa línea investigativa, exponiendo conexiones empresariales, políticas y delictivas que podrían haber facilitado el acceso y la circulación de sustancias prohibidas. La causa está en manos del juez federal Kreplak y avanza con la recolección de pruebas documentales, habilitaciones vencidas, y el análisis patrimonial de las sociedades involucradas.
