El Parque Industrial de Ramallo volvió a quedar en el centro de la escena judicial, esta vez por el descarte irregular de medicamentos. En el predio del Laboratorio Ramallo S.A., propiedad de los hermanos García Furfaro, se detectaron montañas de ampollas rotas o abiertas de fentanilo, ranitidina, diclofenac y otras drogas, acumuladas a cielo abierto, sin ningún tipo de tratamiento ni resguardo ambiental.
Las imágenes difundidas por medios nacionales muestran residuos farmacéuticos esparcidos sobre la tierra, en condiciones que podrían provocar contaminación de napas y afectación del entorno industrial.
El juez federal Ernesto Kreplak, que investiga la causa por el fentanilo contaminado que provocó más de 90 muertes, ordenó la intervención inmediata del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires. La medida busca preservar pruebas clave para el expediente y relevar los riesgos ambientales del sitio.
Fuentes judiciales señalaron que ni la Policía Federal ni Prefectura —encargadas de custodiar el laboratorio clausurado— habían informado sobre este hallazgo en los tres allanamientos previos, lo que generó preocupación en el juzgado. Por eso, se dispuso la elaboración de un croquis del lugar, registro fotográfico e informe técnico urgente.
El Laboratorio Ramallo, adquirido años atrás por los García Furfaro, funcionaba como planta de producción de ampollas de fentanilo para HLB Pharma, la empresa que distribuyó los lotes contaminados. Un informe del Instituto Malbrán detectó fallas graves en los procesos de elaboración, lo que aceleró la detención de Ariel García Furfaro, principal imputado en la causa.
Si bien el predio permanece clausurado por orden municipal y federal, con vigilancia permanente, el hallazgo de estos desechos reabre el debate sobre los controles ambientales en zonas industriales y el rol del Estado en la fiscalización de residuos farmacéuticos.
El Ministerio de Medio Ambiente bonaerense deberá ahora determinar si hubo violación de normativas provinciales y definir posibles sanciones adicionales, en un caso que combina riesgos ambientales, sanitarios y judiciales.
