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Allanan una mutual por millonarias deudas en dólares

La investigación se desarrolla en Villa Constitución, donde ahorristas denuncian una estafa millonaria. Entre los apuntados figura un exjuez federal y una empresa que asumió los depósitos tras la crisis

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Una serie de allanamientos sacudió este jueves a Villa Constitución tras la denuncia por presuntas estafas en la Mutual Puerto Piedras, donde los reclamos se acumulan desde hace más de un año. La medida fue ordenada por la Justicia santafesina e incluyó nueve operativos simultáneos, entre ellos, uno en una escribanía ubicada en Rivadavia al 1200. No se dictaron detenciones, pero sí se dispuso el secuestro de documentación clave.

La causa penal apunta a una posible asociación ilícita y a un perjuicio económico que, según la presentación judicial, podría alcanzar cifras millonarias en dólares. Los principales señalados son el actual presidente de la entidad, anteriores administradores y un exjuez federal de Buenos Aires. También se investiga el rol de la empresa Futdial SA, que tomó el control de los depósitos cuando la mutual dejó de responder a los pedidos de retiro de fondos.

El conflicto se arrastra desde fines de 2023, cuando Puerto Piedras dejó de cumplir con los ahorristas. En abril, tras una auditoría interna, sus autoridades anunciaron un proceso de reordenamiento y crearon un fideicomiso para sanear cuentas. Entonces, se aseguraba que “más del 50% de los socios ya había recibido al menos un tercio de sus ahorros”. Sin embargo, muchas personas siguen sin recuperar su dinero.

Uno de los tres denunciantes formales es un contador que asegura haber depositado más de 1.600.000 dólares a lo largo de quince años. Su caso es representado por el abogado rosarino Gustavo Feldman, quien solicitó ser parte de la causa como querellante. En la denuncia se señala a seis personas por supuestamente integrar una estructura organizada para captar fondos y desviarlos.

Según trascendió, algunos responsables de la mutual se habrían involucrado en desarrollos inmobiliarios en Rosario, Arroyo Seco y San Nicolás, y hasta llegaron a ofrecer departamentos como forma de pago ante los reclamos. Pero esas propuestas nunca se concretaron.

Con el avance de la investigación, la fiscal Analía Saravalli, junto a su par Ramiro Martínez, buscan reconstruir el recorrido del dinero y el entramado de sociedades que lo administraron. Aunque los operativos de este jueves no incluyeron detenciones, marcan un giro en una causa que lleva meses de investigación y que aún podría sumar nuevos imputados.

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