El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de Rosario dictó penas de entre 5 y 19 años y medio de prisión a seis personas acusadas de integrar una banda delictiva dedicada a cometer secuestros extorsivos entre 2021 y 2023, con familiares de empresarios como principales víctimas en Rosario (Santa Fe) y Villa Ramallo (Buenos Aires). Como dato relevante, en al menos dos de los secuestros las víctimas fueron retenidas en una casa de San Nicolás.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Eugenio Martínez (presidente), Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano. La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Rosario y la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, con colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).
Las penas más severas recayeron sobre Claudio Daniel Coto (63), comerciante condenado a 19 años y 6 meses de prisión como “jefe ideológico” de la banda, y sobre Néstor Adrián Santabaya (61), mecánico que recibió 17 años y 6 meses como “jefe operativo”. Ambos fueron considerados coautores de secuestros extorsivos agravados por el cobro de rescate, la participación de tres o más personas y, en uno de los casos, por la presencia de una víctima menor de edad. También fueron hallados culpables de robo agravado, amenazas anónimas y tentativa de extorsión. Coto sumó además una condena por tenencia ilegítima de un Documento Nacional de Identidad ajeno.
Por los mismos delitos, pero en calidad de coautores, Emiliano Mario Andrés Acuña (38) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (47) —este último declarado reincidente— recibieron 14 años de prisión. En tanto, el remisero Nicolás Adrián Santabaya (32), hijo del mecánico condenado, fue sentenciado a 5 años de prisión por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra, también con reincidencia. La misma pena recibió Silvia Beatriz López (44), pareja de Pugliese, por asociación ilícita y participación secundaria en un secuestro extorsivo agravado.
Las condenas se ajustaron a los pedidos formulados por el fiscal general Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, quien había solicitado penas de entre 6 y 20 años.
El primer secuestro atribuido al grupo ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, cuando la víctima —hijo de un reconocido empresario de esa ciudad— fue interceptada por falsos agentes de la Policía Federal y trasladada a San Nicolás. Los captores exigieron un millón de dólares, aunque el rescate finalmente se concretó por 580 000 dólares en la localidad de Wilde. El hombre fue liberado en el ingreso a Theobald, provincia de Santa Fe.
Los siguientes hechos tuvieron lugar en Rosario, con apenas cinco días de diferencia. La víctima fue una mujer secuestrada junto a su hijo de 13 años. El 5 de octubre de 2023, un primer intento fracasó. Sin embargo, el 10 de octubre, ambos fueron capturados y mantenidos cautivos en una vivienda del Barrio Parque Avambaé de San Nicolás. Los delincuentes pidieron 3 millones de dólares de rescate, aunque madre e hijo fueron liberados esa misma noche en una zona rural de Campo Salles, sin que se efectuara el pago.
En todos los casos, se comprobó que la banda realizaba tareas previas de inteligencia sobre sus blancos, seleccionados por su alto perfil económico. Los secuestrados eran inmovilizados con precintos y vendas en los ojos, y luego liberados en rutas rurales.
El Ministerio Público Fiscal demostró que entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la organización planificó secuestros, amenazas y extorsiones con una estructura que simulaba la de una “fuerza de seguridad paralela”. La investigación se basó en un extenso análisis de intervenciones telefónicas, geolocalizaciones, peritajes de voz y patrones de comunicación, con apoyo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dirigida por Romina Del Buono.
Los peritajes revelaron que el grupo utilizaba tres tipos de teléfonos: los “extorsivos”, entregados a las víctimas; los “operativos”, usados durante los hechos; y los “reales”, de uso personal. Un error en el apagado de uno de estos dispositivos permitió vincular directamente a Coto con las operaciones. Además, se comprobó que había alquilado los lugares de cautiverio en San Nicolás mediante identidades falsas en plataformas como Mercado Libre y Airbnb.
Santabaya fue identificado por geolocalización y vinculado a una Renault Trafic blanca, utilizada en el secuestro de F.B. y su hijo. Acuña fue reconocido por una de las víctimas, mientras que Pugliese fue señalado como uno de los custodios del cautiverio, identificado además por su afición al ajedrez, detalle confirmado en su domicilio.
La investigación inicial estuvo encabezada por el fiscal general Javier Arzubi Calvo, del Distrito Rosario, y el fiscal federal Matías Di Lello, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, con la colaboración de la UFECO, dirigida por Santiago Marquevich, y el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina.
El tribunal concluyó que la organización actuaba con una estructura jerarquizada, recursos técnicos avanzados y planificación meticulosa, lo que justificó la severidad de las condenas impuestas.
