El pedido fue aprobado por unanimidad y busca poner fin a una medida que se mantiene desde 2020, cuando el Tribunal de Casación Penal bonaerense permitió a los detenidos usar celulares durante el aislamiento por COVID-19 para mantener contacto con sus familias. Con el paso del tiempo, esa disposición transitoria se transformó en una práctica permanente sin controles efectivos.
La presidenta del Concejo, Gabriela Taruselli, explicó que el Ministerio de Justicia debía elaborar un protocolo para evitar el uso delictivo de los dispositivos, pero que “a casi cinco años de aquella decisión, eso nunca se cumplió”. En diálogo con medios pergaminenses, advirtió que “la medida se transformó en una herramienta delictiva que hoy afecta directamente la seguridad de nuestros vecinos”.
Las Fiscalías de Pergamino comprobaron en distintas investigaciones que internos del Servicio Penitenciario Bonaerense participaron en extorsiones, estafas, amenazas, tráfico de drogas, abuso sexual, grooming y pornografía infantil, utilizando celulares desde las cárceles. Varias de esas causas involucran a detenidos alojados en la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás, donde —según los registros judiciales— se originaron llamados extorsivos y maniobras de sextorsión.
Uno de los casos más emblemáticos es el del peón rural Juan Woldryk, desaparecido tras haber sido víctima de una sextorsión organizada desde la UP3. “Tenemos causas locales en las que se probó que los llamados provenían de las cárceles de San Nicolás o Junín”, señaló Taruselli.
El Concejo de Pergamino también solicitó información a las autoridades de la UP3 de San Nicolás, la Unidad 13 de Junín y la Alcaidía N° 49, para conocer cuántos celulares están declarados, qué controles se aplican y bajo qué medidas de seguridad se utilizan.
“La inseguridad que viven los bonaerenses tiene muchas causas, pero una de ellas es la falta de control dentro de las cárceles. El delito no puede tener señal desde la prisión”, afirmó Taruselli.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia bonaerense no respondió al reclamo. Pergamino espera que se revise el protocolo y se limite una práctica que, nacida como excepción sanitaria, hoy se convirtió en un factor de riesgo para la seguridad pública.
