La historia laboral argentina está marcada por grandes hitos: la limitación de jornadas, la protección de mujeres y niños, las vacaciones pagas, la creación de la Secretaría de Trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la prevención de riesgos. Cada uno de esos avances fue la respuesta normativa a transformaciones profundas del mundo productivo. Pero desde hace medio siglo, ese dinamismo se congeló. Mientras la economía mutaba, la legislación permanecía atada a parámetros pensados para un país, una cultura y un mercado laboral que ya no existen.
La LCT y la mayoría de los convenios colectivos recibieron apenas retoques estéticos. Los convenios se redujeron a actualizar salarios sin mejorar las condiciones de trabajo, sin revisar estructuras, sin incorporar modalidades que hoy son parte del esquema cotidiano: aplicaciones, trabajo remoto, empleos basados en proyectos, nuevas formas de remuneración, dinámicas laborales de corta duración. Mientras tanto, casi la mitad de los trabajadores quedó fuera de todo derecho, atrapados en la informalidad, la precariedad y la ausencia total de futuro previsional.
El Gobierno Nacional se apresta a enviar al Congreso un proyecto de modernización laboral. Sin embargo, antes de conocer su contenido, ya surgen voces que lo demonizan. ¿Miedo al cambio? ¿Defensa sectorial? Lo cierto es que ningún país que haya logrado crecer, crear empleo y mejorar la calidad de vida lo hizo aferrado a modelos rígidos. España es el ejemplo que exhibe nuestra propia decadencia: hace veinte años tenía la misma cantidad de Pymes y trabajadores registrados que Argentina; hoy nos triplica en ambos indicadores. Ellos dialogaron y reformaron. Nosotros discutimos y nos inmovilizamos.
La realidad pide a gritos nuevas reglas. Los jóvenes ya no aspiran a una relación de dependencia permanente; buscan autonomía, proyectos propios, tiempos flexibles, independencia económica.
Las empresas necesitan previsibilidad: saber cuánto cuesta contratar, cuánto cuesta despedir y cómo cubrir contingencias sin riesgo de quiebra. Un sistema con indemnizaciones rígidas, litigiosidad desbordada y un marco regulatorio que trata igual a quien contrata a uno o a mil trabajadores desalienta la creación de empleo formal.
El fondo de cese laboral o los seguros obligatorios para despidos sin causa son herramientas existentes en el mundo y perfectamente adaptables a la realidad argentina. Negarse a debatirlas solo profundiza la desigualdad entre quienes tienen derechos y quienes sobreviven sin ellos.
Los convenios colectivos también deben actualizarse. Jornadas inflexibles, vacaciones imposibles de fraccionar, licencias insuficientes, categorías que ya no existen y otras que jamás fueron contempladas conforman un edificio normativo anacrónico. La pirámide de convenios -actividad, región, empresa- permitiría ordenar la negociación y acercarla a las particularidades reales de cada sector productivo. Y, por, sobre todo, habilitaría acuerdos que premien la formación, la innovación y el compromiso, pilares de cualquier economía moderna.
A esto se suma un problema estructural: la litigiosidad. La incertidumbre jurídica espanta inversión, bloquea crecimiento y castiga tanto a empleadores como a trabajadores. Sentencias desproporcionadas y criterios contradictorios generan un sistema donde nadie sabe a qué atenerse. Unificar fórmulas, reducir arbitrariedades y establecer mecanismos de resolución previsibles no es un beneficio para las empresas: es una condición indispensable para la creación de empleo.
Modernizar no significa desproteger. Significa incluir, formalizar, dignificar. Significa ampliar la base de aportantes, mejorar la recaudación previsional, reducir contribuciones para quienes cumplen y acercarnos a estándares internacionales como los que exige la OCDE. Significa dejar atrás un modelo que expulsa trabajadores y evitar que la rigidez de la ley siga siendo la aliada perfecta de la informalidad.
Durante treinta años faltó diálogo. Empresarios y sindicatos defendieron intereses propios, sin un horizonte común. El resultado está a la vista: un mercado laboral roto, una economía asfixiada y una sociedad que naturalizó la precariedad.
La modernización laboral no es una opción. Es la única llave capaz de abrir el camino hacia el crecimiento que Argentina se debe desde hace demasiado tiempo.
