Una investigación judicial permitió desarticular una organización criminal acusada de estafar a empresas del sector agropecuario y a entidades financieras mediante maniobras informáticas, con un perjuicio económico estimado en alrededor de 1,8 billones de pesos. El operativo incluyó allanamientos en Pergamino y Rosario, además de procedimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa iniciada en octubre pasado. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 del Departamento Judicial de Pergamino y del Departamento de Cibercrimen, conducido por el fiscal Néstor Mastorchio, quien convocó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado para profundizar las pesquisas.
Según se estableció, la banda utilizaba documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un reconocido banco privado. A través de esas cuentas fraudulentas accedían a préstamos, cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas vinculadas a empresas de criptoactivos. Posteriormente, el dinero era redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, convertido en activos virtuales y enviado a billeteras digitales de origen desconocido.
La investigación determinó además que, para encubrir las operaciones y darles apariencia de legalidad, el grupo recurría a terceras personas que simulaban realizar tareas de arbitraje de criptoactivos. Sin embargo, se comprobó que ninguno de los supuestos arbitrajistas se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), requisito obligatorio según la normativa vigente, lo que reforzó la hipótesis de un esquema destinado a ocultar fondos de origen ilícito.
Con las órdenes de presentación libradas a sucursales bancarias, la Justicia logró identificar a varias empresas damnificadas, todas ligadas al sector agropecuario, y confirmó que la organización habría sustraído, mediante múltiples transacciones, un monto cercano a 1,8 billones de pesos.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del juez César Alejandro Solazzi, con Secretaría Única de María Alicia Clerc, ordenó ocho allanamientos: dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en Santa Fe. Los procedimientos derivaron en la detención de tres hombres y la notificación de la causa a otros dos, además del secuestro de dinero en efectivo, teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento, tarjetas y documentación de interés para la causa.
Los operativos se realizaron en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero, y en las localidades de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, Colón, Rosario y General López, con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, personal de la Policía de Santa Fe y de la Comisaría 4ª de Firmat. En uno de los casos, al no encontrarse a un sospechoso en el domicilio allanado, se desarrollaron tareas de inteligencia que permitieron detenerlo en la vía pública, en la intersección de avenida Belgrano y Castro Barros, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los detenidos y los imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interviniente, acusados del delito de asociación ilícita, junto con los elementos incautados durante los procedimientos.
