El Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de San Nicolás recibió una denuncia que escala el conflicto por las obras en la costanera a un nuevo nivel de gravedad institucional.
El abogado Ulises Gabriel Godoy solicitó que se investigue al intendente Santiago Passaglia, a sus funcionarios y a las empresas constructoras implicadas por los presuntos delitos de desobediencia, abuso de autoridad y daño agravado.
El corazón de la acusación radica en el presunto incumplimiento de la medida dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, que el 12 de mayo de 2023 ordenó frenar cualquier intervención en las zonas de “Barranquitas” y “El Arenal”.
Pese a que el jefe comunal fue notificado personalmente de la vigencia de esta tutela en mayo de 2024, el denunciante asegura que las máquinas nunca se detuvieron.
El avance de las máquinas sobre el humedal
La presentación judicial detalla que, durante los días 17 y 20 de enero, se constataron movimientos de suelo y descargas de escombros mediante maquinaria pesada en el sector de la costanera vieja, en proximidades de la Prefectura Naval.
Según los registros aportados a la causa, el municipio estaría ejecutando un plan de relleno masivo que involucraría el volcado de unas 300 camionadas de material sobre el cauce del arroyo.
“Los trabajos se realizan a plena luz del día y a la vista de todos”, remarca el escrito de Godoy, quien subraya que el ritmo de ejecución es “sorprendente” y que ignora el cese de actividades dispuesto por el Máximo Tribunal bonaerense en el expediente iniciado por la asociación Foro Medio Ambiental (FOMEA).
Un freno urgente
Ante la magnitud de los trabajos, el denunciante exigió al fiscal interviniente una medida cautelar de cumplimiento inmediato para detener el relleno.
El argumento es contundente: el daño al medio ambiente, una vez consumado, es de muy difícil recomposición.
Ahora, el Ministerio Público deberá determinar si el accionar del Ejecutivo Municipal constituye una desobediencia deliberada a las órdenes de la Suprema Corte, lo que colocaría a la administración de Passaglia en otra situación judicial sumamente comprometida.
