El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario abrió sus puertas para un proceso judicial que la zona núcleo del agro argentino observa con atención y temor: el juicio oral contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios municipales de Pergamino. Se los acusa de haber permitido y ejecutado fumigaciones con agrotóxicos en campos lindantes a zonas urbanas, desafiando normativas de resguardo y, lo que es más grave, la salud de cientos de vecinos.
La génesis de esta causa reside en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, donde en 2018 comenzó a tomar cuerpo la denuncia de Sabrina Ortiz. La abogada y vecina de Pergamino inició una lucha desigual en 2011, denunciando que las aplicaciones de agroquímicos se realizaban a escasos diez metros de su vivienda en el barrio Villa Alicia. El costo personal fue devastador: Ortiz relató ante la justicia haber sufrido un aborto espontáneo, dos accidentes cerebrovasculares y secuelas neurológicas permanentes, tanto en ella como en su familia.
La acusación no se limita solo al daño directo por aspersión; sostiene que las prácticas negligentes provocaron la contaminación de aguas subterráneas y un daño sistémico al ecosistema urbano. Pero el foco más punzante de este juicio recae sobre la pata política: se investiga la complicidad de funcionarios públicos de Pergamino que, a pesar de las alertas de especialistas y las incesantes denuncias vecinales, habrían mirado hacia otro lado permitiendo que la frontera del agronegocio avanzara sobre la salud pública.
Este juicio no es solo un reclamo de justicia para el barrio Villa Alicia; es un precedente que interpela a toda la región, incluida San Nicolás, sobre los controles reales que existen en las zonas de interface donde el campo se funde con la ciudad. El incumplimiento sistemático de las distancias de resguardo ya no es una infracción administrativa, sino un delito federal que hoy tiene responsables con nombre y apellido frente a un tribunal.
