La red de atención primaria de la salud en nuestra ciudad atraviesa un proceso de reconfiguración que ha generado un fuerte rechazo en la zona sur.
Según trascendió recientemente, el Dispensario de Salud del barrio Santa Rosa cerrará sus puertas de manera definitiva el próximo mes.
La noticia se oficializó el lunes, cuando un acta enviada por el Gobierno Municipal de San Nicolás, encabezado por la gestión de Santiago Passaglia, llegó a las instalaciones del centro asistencial comunicando la decisión irreversible de clausurar la atención en ese inmueble.
Esta medida se enmarca en un contexto de centralización de la salud pública local, donde la periferia parece perder espacios de contención directa para trasladar la demanda a los nuevos centros de salud de mayor envergadura.
Sin embargo, para los habitantes de Santa Rosa y barrios aledaños, esta decisión no representa una mejora, sino una barrera de acceso a un derecho fundamental.
El malestar de una comunidad desprotegida
Apenas se conoció la noticia, los canales de comunicación vecinal se convirtieron en un hervidero de quejas y preocupaciones. En los grupos de WhatsApp del barrio, el sentimiento predominante es la desolación por la pérdida del vínculo con los profesionales que conocen el historial clínico de las familias desde hace años.
“Seguramente ya no atenderá a mi hijo el mismo pediatra”, expresó con resignación una vecina, reflejando el impacto emocional y sanitario que implica romper la continuidad de los tratamientos infantiles.
El temor no es infundado: la atención primaria no solo se basa en la cura, sino en la prevención y el seguimiento constante que solo un centro de cercanía puede garantizar.
Por otro lado, la sombra del nuevo Hospital de Zona Oeste y el sistema de administración privada/municipal generan dudas sobre la gratuidad y la universalidad del servicio.
Muchos vecinos vinculan este cierre con la inauguración de nuevas estructuras, pero advierten sobre las dificultades administrativas: “Seguro el cierre se debe al hospital que van a abrir, pero si no tenés carnet municipal no te atienden”, señalaron los vecinos, poniendo el foco en la exclusión que sufren aquellos que no poseen el Seguro Médico Municipal o que cuentan con obras sociales que no son aceptadas en el nuevo esquema.
Profesionales en alerta
La incertidumbre no es exclusiva de los pacientes. El personal médico y administrativo que desempeña sus tareas en el dispensario también enfrenta un futuro incierto y, en muchos casos, un traslado forzoso que consideran contraproducente para la logística de la ciudad.
Según testimonios del sector, el destino de gran parte del equipo de salud del Barrio Santa Rosa sería un dispensario ubicado en la zona norte, un área con una realidad social y una demanda operativa completamente distinta. “Nos van a mandar a un dispensario de zona norte y vamos a tener que lidiar en un contexto mucho más crudo que el de zona sur; espero que haya más recursos para la salud primaria”, manifestó un profesional del área, evidenciando el temor de que la redistribución del personal no sea más que un parche ante la falta de inversión estructural en las zonas más vulnerables.
Descentralización en jaque
Es fundamental recordar que la gestión de la salud primaria -el primer nivel de contacto de los ciudadanos con el sistema sanitario- depende exclusivamente del municipio. Ni el gobierno nacional ni el provincial tienen injerencia directa sobre la operatividad de estos dispensarios barriales.
Por lo tanto, el cierre del centro de Santa Rosa responde a una decisión política local que prioriza la concentración de recursos por sobre la territorialidad.
La desaparición de este punto de atención obliga a cientos de familias a trasladarse largas distancias para una consulta básica, una vacunación o un control de enfermería.
En una ciudad que se expande, la eliminación de centros de salud locales parece ir en contra de las recomendaciones internacionales de salud pública, que sugieren que el médico debe estar donde vive la gente.
A medida que se acerca marzo, los vecinos evalúan medidas de fuerza y pedidos de audiencia ante el Concejo Deliberante para frenar una medida que, según afirman, deja a la zona sur un paso más lejos del acceso equitativo a la salud.
