Lo que pasó esta semana con los destrozos en el Anfiteatro de la Costanera es el ejemplo perfecto de una gestión que se cree dueña de la estancia pero que, puertas adentro, no puede cuidar ni su propio jardín.
A través de un video en sus redes sociales, con la estética de firmeza que el manual de estilo familiar impone, el jefe comunal no solo pidió la baja de la edad de imputabilidad, sino que fue un paso más allá: identificó públicamente a los menores y a sus familias. Lo que quizás el intendente ignoró en su afán de “mano dura” es que la Ley Nacional N° 26.061 prohíbe taxativamente difundir datos que permitan identificar a menores si esto lesiona su dignidad o intimidad. Resulta paradójico que quien exige leyes más severas desde un despacho oficial, comience su cruzada vulnerando una normativa nacional vigente que protege a la niñez, sin importar la falta cometida.
Pero detrás del reclamo punitivista de ocasión -muy a tono con el clima político nacional que el clan suele surfear con destreza camaleónica- asoma una pregunta que incomoda: ¿Cómo es posible que en el epicentro del sistema de monitoreo nicoleño, seis chicos puedan patear el tablero durante tanto tiempo sin que aparezca un solo patrullero o preventor? La ciudad nos vende un blindaje tecnológico de primer mundo, pero la realidad demuestra que las cámaras sirven más para reconstruir el hecho después de que pasó, o para armar contenido de Instagram, que para evitar que el patrimonio de todos (costeado con las tasas municipales más altas de la provincia) sea destruido.
En lugar de explicar por qué fallaron los anillos de seguridad en la Costanera, el Ejecutivo local optó por “cortar por lo más fino”: cargar contra los padres y pedir cárcel para nenes de primaria. Es el estilo de gestión de quien se siente dueño de la estancia: cuando algo sale mal, la culpa es siempre del otro y la solución es más exposición mediática. San Nicolás no necesita un “comisario artificial” que viole leyes de protección para ganar likes; necesita un plan de seguridad real que no deje zonas liberadas en los puntos más emblemáticos de la ciudad. Mientras la política se use para tapar la ineficiencia con videos efectistas, el vecino seguirá pagando los platos rotos de una gestión que hace mucho tiempo le soltó la mano a la prevención.
