El fútbol argentino vuelve a detenerse, pero esta vez no por la lluvia, la violencia ni una tragedia. La pelota se frena por decisión dirigencial. Y lo más preocupante no es la medida en sí, sino el mensaje político que la rodea.
La determinación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de paralizar la actividad para respaldar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, citados a indagatoria en una causa judicial por presunta evasión fiscal, instala un precedente alarmante: utilizar el fútbol como herramienta de presión institucional.
Sin embargo, si la decisión de la conducción nacional resulta discutible, la adhesión automática de las ligas regionales expone un problema todavía más profundo.
El comunicado firmado por Sandro García, presidente de la Liga Nicoleña de Fútbol, no se limita a informar la suspensión de la actividad del 6 y 7 de marzo: adopta un tono militante, repudia supuestas intervenciones político-judiciales, denuncia campañas mediáticas y ratifica un apoyo personal a los dirigentes investigados. No es una postura deportiva. Es una declaración política.
Desde la salida de Oscar Bossoletti, la Liga Nicoleña sostiene discursivamente que no practica política partidaria. No obstante, la realidad muestra otra cosa: sus autoridades mantienen vínculos estrechos con el poder municipal y participan de la lógica de alineamientos que caracteriza a la dirigencia del fútbol argentino. La adhesión acrítica a la medida impulsada desde Ezeiza refuerza esa percepción. No hubo consulta a clubes, jugadores, entrenadores ni, mucho menos, a los hinchas. La decisión se comunicó como un hecho consumado, replicando el libreto difundido por la AFA. El fútbol del interior no debatió: obedeció.
La coincidencia entre las fechas de las indagatorias judiciales y el paro futbolístico resulta demasiado evidente para ser casual. La medida se presenta como defensa institucional, pero opera como un mensaje hacia el Poder Judicial: el fútbol puede paralizarse si sus dirigentes son investigados. Ese razonamiento corporativo no fortalece al deporte, sino que lo debilita. La Justicia debe actuar con independencia. El fútbol también. Confundir ambos planos sólo erosiona la credibilidad de las instituciones. Y la Liga Nicoleña no actuó con independencia bajo ningún punto de vista.
La nefasta sumisión puesta de manifiesto por la entidad de Juan B. Justo 116 abre un interrogante inevitable para los simpatizantes, hinchas y dirigencia local: ¿se sopesó en este gesto de lealtad institucional el historial de designaciones arbitrales que sistemáticamente castigaron en las últimas temporadas a los clubes nicoleños en los torneos regionales?
Mientras la Liga Nicoleña ratifica su apoyo político ante lo que denomina una “intervención judicial’, queda pendiente explicar si esta solidaridad incondicional contempla una autocrítica o un reclamo firme por el perjuicio deportivo sufrido ante el Consejo Federal, cuyas decisiones en el campo de juego dejaron más cicatrices y quejas que satisfacciones entre los amantes del fútbol de la ciudad.
Estos dirigentes hablan de persecución, pero los hinchas expresan hastío. La bronca no se dirige a jueces ni a medios, sino a quienes utilizan el deporte como escudo corporativo. El párate no afecta a los dirigentes ni a las estructuras de poder. Perjudica a los jugadores amateurs, a los clubes que sostienen sus actividades con rifas y buffets, a los trabajadores de cada jornada deportiva y a miles de simpatizantes que encuentran en el fútbol un espacio de pertenencia y alivio cotidiano.
El comunicado de la Liga Nicoleña no defiende al fútbol: defiende a una conducción. Lo hace con un lenguaje cargado de épica, victimización y denuncia mediática, ingredientes clásicos de una demagogia dirigencial que busca fidelidad antes que transparencia.
El problema no es adherir o no a una medida nacional. La dificultad es utilizar el fútbol de la ciudad para construir alineamientos políticos mientras se declama neutralidad.
Cuando la pelota se detiene para blindar dirigentes, pierde el deporte. Cuando las ligas del interior, como la Nicoleña, se subordinan sin debate, pierde la representación. Y cuando la política se disfraza de defensa institucional, pierden los hinchas. Porque al final, como tantas veces, los únicos que no juegan son los que siempre pagan la entrada.
