En las últimas semanas, el malestar social en San Nicolás ha mutado en una denuncia colectiva. Lo que el Municipio presenta como controles de seguridad vial, una gran parte de la ciudadanía lo percibe como una “maquinita de recaudar” que asfixia al trabajador. El eje del conflicto no es la exigencia del casco o los papeles, sino la metodología de los operativos, los cuales son tildados de “ilegales” y “confiscatorios” por quienes han sufrido el secuestro de sus herramientas de trabajo.
El contraste: Lo que dicta la Ley frente a la realidad en las calles
Para comprender la magnitud de las denuncias, es fundamental analizar los procedimientos locales a la luz de la normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Mientras que la ley nacional exige que todo operativo cuente con señalización y seguridad previa —mediante el uso de conos, cartelería reflectiva y balizamiento para que el conductor pueda detenerse sin riesgos—, los vecinos de San Nicolás describen la proliferación de “operativos fantasma”. Estos consisten en despliegues sorpresivos en esquinas o delegaciones, realizados sin aviso ni medidas de seguridad, lo que genera situaciones de peligro innecesarias.
Otro punto de fricción es el objetivo real de estas medidas. Legalmente, el control de tránsito debe tener un fin preventivo y educativo, priorizando la seguridad vial sobre cualquier otro interés. Sin embargo, en los barrios se percibe un marcado afán recaudatorio, orientado a alimentar una maquinaria de multas que oscilan entre los $200.000 y el millón de pesos, montos que en muchos casos superan el valor del vehículo. A esto se suma la falta de transparencia en la identificación de los agentes, quienes según el protocolo deben exhibir su credencial y legajo de manera visible, algo que los denunciantes aseguran que se incumple sistemáticamente en medio de actos de prepotencia.
Finalmente, el conflicto escala ante la vulneración del derecho a la propiedad. La normativa establece límites estrictos al secuestro, considerándolo una medida excepcional para infracciones graves que impidan la circulación segura. En contraste, en San Nicolás se multiplican los reportes de secuestros en veredas, donde se retiran motos estacionadas frente a domicilios particulares que ni siquiera estaban circulando. Esta práctica, sumada a los antecedentes de compactaciones irregulares sin sentencia firme, ha dejado al ciudadano en un estado de indefensión legal que hoy se dirime en los tribunales.
El hartazgo de los “laburantes”
El impacto de estos operativos se siente con más fuerza en la periferia de la ciudad, donde la moto no es un lujo, sino una necesidad básica. A continuación, algunos de los testimonios de vecinos hartos de la situación: “En una época de tanto desempleo, secuestrar la herramienta de trabajo es una falta de humanidad absoluta. Pero los ciudadanos también tenemos responsabilidad porque el silencio es cómplice; tenemos que unirnos y movilizarnos para que esto pare”, expresó con dureza un vecino de zona norte.
“El operativo tiene que ser de prevención, no de recaudación. Pareciera que están más preocupados por facturar que por cuidar al vecino“, reclamó un joven trabajador de una delegación local. “Todo es plata para la gestión mientras en San Nicolás los robos siguen como si nada. A los delincuentes no los encuentran nunca, pero al laburante que tiene la moto en la vereda lo cazan en dos minutos”, sentenció una vecina indignada por la falta de seguridad en su barrio.
“Me compactaron un New Titan 2021 siendo titular y teniendo todo en regla; hoy estoy en juicio porque no tienen argumentos”, relata un vecino, sumándose al caso de Damián Caballero como antecedente de la fragilidad de los bienes privados ante el Estado municipal. En contraste, hay quienes sostienen una postura más rígida: “A mí me parecen muy bien los controles, es la única forma de que la gente use casco y respete. Incluso tendrían que andar de madrugada también para frenar el descontrol de las picadas”.
A pesar de que algunos sectores de la sociedad ven con buenos ojos la rigurosidad de los controles para ordenar el tránsito nocturno, el consenso generalizado es que la seguridad vial no puede ser una excusa para el atropello legal.
