Un informe de la Autoridad del Agua (ADA) basado en análisis realizados por la Universidad de La Plata detectó Endrín y Lindano en domicilios particulares de calles Rademil y Lagostena. A pesar de que se ordenó el cierre de los pozos 23 y 77 por su alta toxicidad, los mismos seguirían operativos, poniendo en riesgo la salud de miles de nicoleños.
El silencio oficial frente a la calidad del agua en San Nicolás ha chocado de frente con la evidencia científica. Nuevos estudios de laboratorio, con fecha del 5 de marzo de 2026, han ratificado lo que los vecinos denunciaban hace meses: la contaminación por agroquímicos ya no solo está en las napas profundas, sino que circula por las tuberías que llegan a las mesas de las familias.
FOMEA advierte: “Es una desobediencia institucional”
Por su parte, el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medioambiental (FOMEA), ratificó ante este medio que la crisis ya alcanzó una instancia crítica al confirmarse que el veneno circula por las canillas de uso doméstico. El letrado fue categórico al denunciar que, pese a los informes oficiales que declaran al agua como “no apta para consumo humano”, el Municipio de San Nicolás ha decidido ignorar la orden de clausura de los pozos 23 y 77.
Según Maggi, esta desobediencia implica que el Estado local continúa entregando agua contaminada con plaguicidas organoclorados —como el Endrín y el Lindano—, transformando un pasivo ambiental industrial en una emergencia sanitaria directa para los barrios que se encuentran en el área de influencia de la planta de Atanor.
Veneno en la canilla: Endrín y Lindano
Los análisis realizados en la Universidad Nacional de La Plata detectaron trazas de insecticidas de alta toxicidad cuyo uso está severamente restringido o prohibido debido a su persistencia en el ambiente y su impacto en la salud humana. La situación es crítica en los pozos mencionados, que abastecen a importantes sectores urbanos. Según el informe técnico al que tuvo acceso este medio, la orden de salida de funcionamiento fue inmediata, pero la falta de cumplimiento por parte de la administración local mantiene el riesgo latente.
El costo de la desidia: El testimonio de los vecinos
Para los habitantes de barrios como zona sur, la crisis no es solo sanitaria, sino también económica. “El pozo 23 lo tengo a 40 metros de mi casa, en Hernandarias y Savio. Vivimos gastando una ponchada de plata en bidones porque tenemos miedo de darle esa agua a nuestros hijos”, relató un vecino.
Otra damnificada explicó que la desconfianza en el servicio es total: “Lamentablemente para el bolsillo de mi familia y nuestra salud, tengo que gastar en agua comprada porque siempre tenía problemas gastrointestinales. Es una estafa: tenemos que pagar una factura de agua que nos está enfermando”.
Brote de gastroenteritis en las escuelas
La preocupación se trasladó a las aulas. En los últimos días, se denunció un incremento exponencial de cuadros de gastroenteritis en distintos puntos de la ciudad. El caso más alarmante se dio en una institución educativa donde, según denuncian los padres, al menos 10 alumnos debieron ausentarse tras presentar síntomas compatibles con el consumo de agua contaminada.
Lo que resulta más grave es que los mismos contaminantes hallados en los pozos fueron detectados en la red de distribución de domicilios particulares en calle Rademil y calle Lagostena, confirmando que el sistema de filtrado y tratamiento municipal es insuficiente o inexistente.
Emergencia hídrica silenciada
Mientras la gestión municipal continúa enfocada en obras de estética urbana, la infraestructura básica de salud parece desmoronarse. La presencia de insecticidas en el agua de red no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una falta de control sobre los pozos de bombeo y la presión del agronegocio y la industria en las zonas linderas al ejido urbano.
