En tiempos donde la discusión pública se contamina con operaciones y relatos interesados, defender la independencia judicial no es un gesto corporativo: es una obligación democrática.
El reciente episodio que involucra a María Isabel Fulgheri, titular del Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial San Nicolás, vuelve a poner en evidencia una lógica preocupante: cuando un fallo no responde a las expectativas del poder político, se activa una maquinaria de presión que busca desacreditar, condicionar y, en última instancia, disciplinar.
El ejemplo es reciente en nuestra ciudad. Un lote ubicado sobre Avenida Illia en la zona norte de San Nicolás se instaló en el centro de la polémica. A partir de publicaciones de uno de los medios alineados con el oficialismo, se intentó construir un relato que apuntaba directamente contra el Poder Judicial y, en particular, contra la magistrada Fulgheri.
Según esas versiones iniciales, la jueza en lo Contencioso Administrativo habría autorizado el pago de 47 mil pesos en concepto de tasa de Red Vial por un predio de 37 hectáreas, lo que generó una ola de cuestionamientos públicos. Las cifras difundidas, comparadas con estimaciones que hablaban de montos cercanos a los 2 millones de pesos, alimentaron la indignación y direccionaron las críticas hacia la empresa involucrada y el Tribunal.
Sin embargo, como suele ocurrir cuando el ruido político intenta imponerse sobre los hechos, la realidad es bastante más clara -y bastante menos escandalosa- de lo que se quiso instalar.
Desde el propio Departamento Judicial San Nicolás se explicó el proceso con precisión. La controversia giró en torno a la calificación del terreno y, por ende, al tipo de tasa que corresponde aplicar. Mientras el oficialismo lo encuadró como “Reserva de Interés Urbano” bajo el Código Urbano Ambiental, lo cierto es que la cuestión fue debatida en sede judicial y resuelta conforme a derecho.
La propia jueza Fulgheri, en un gesto poco habitual pero necesario frente a la desinformación, salió a aclarar públicamente su actuación: el inmueble, hasta el momento, debe tributar la Tasa de Red Vial y no la de Desarrollo Urbano. El Municipio apeló, la Cámara rechazó ese recurso, y la Comuna terminó consintiendo la liquidación. Es decir: hubo un proceso, hubo instancias de revisión y hubo una resolución firme.
Más aún, la magistrada fue categórica al señalar que en ningún momento el Juzgado se expidió sobre montos concretos a tributar, desmontando así uno de los ejes centrales de la crítica mediática.
Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es jurídico. El problema vuelve a ser político en San Nicolás.
Porque cuando un fallo no se ajusta a lo que el poder espera, la reacción no es revisar la propia actuación ni asumir responsabilidades, sino construir un enemigo. Y en ese esquema, la Justicia independiente se vuelve un blanco incómodo.
Lo que se vio en este caso es un intento claro de instalar sospechas sobre una decisión judicial que siguió todos los carriles institucionales. No hubo arbitrariedad, no hubo discrecionalidad indebida, no hubo privilegios ocultos: hubo derecho aplicado. Pero eso, cuando contradice intereses, parece no ser suficiente.
Este tipo de embates no son inocuos. Buscan generar un efecto disciplinador. Enviar un mensaje. Marcar límites. Que cada juez o jueza piense dos veces antes de fallar en contra de determinados intereses. Es, en definitiva, una forma de presión que erosiona la independencia judicial y, con ella, la calidad democrática.
Por eso, respaldar a la jueza Fulgheri no es defender a una persona en particular. Es resguardar un principio. Es sostener que la idoneidad, la convicción y la independencia deben ser valores protegidos, no castigados.
Y también es poner el foco donde corresponde: si el Municipio considera que el encuadre impositivo debe modificarse, tiene las herramientas legales para hacerlo. Lo que no puede -o no debería- es reemplazar el debate jurídico por la presión mediática. O por la apremio de un medio oficialista.
Mientras tanto, en paralelo a estas disputas, hay cientos de vecinos que enfrentan cargas impositivas cada vez más difíciles de sostener. Allí sí hay un debate legítimo, profundo y necesario. Pero ese debate no se resuelve atacando jueces, sino construyendo reglas claras, equitativas y transparentes.
En un contexto donde la tentación de avasallar instituciones parece estar siempre a mano, vale insistir: la Justicia no está para agradar al poder, sino para controlarlo.
Por muchas más juezas como María Isabel Fulgheri. Por muchos más magistrados que fallen con independencia.
Y, sobre todo, por una Justicia que no se arrodille ante nadie y que esté, verdaderamente, al servicio del pueblo.
