En una jornada marcada por la tensión y el tratamiento de diversos reclamos, el Concejo Deliberante de San Nicolás abordó ayer un proyecto clave que buscaba garantizar el correcto funcionamiento y la eficiencia del transporte público para personas con discapacidad. La iniciativa, presentada por la concejal Mariana Aseff, de Alianza La Libertad Avanza, ponía el foco en la situación que atraviesan muchos ciudadanos que dependen del colectivo para asistir a terapias, escuelas y centros de salud, pero que hoy encuentran trabas constantes en el servicio.
Durante su intervención, Aseff fue contundente al exponer la realidad de las familias que manifestaron su preocupación ante la falta de soluciones. Según se detalló en el recinto, la ausencia de una regulación clara y el incumplimiento de normativas vigentes están generando una vulneración de derechos básicos. La concejal resaltó que el transporte no es un lujo para este sector de la sociedad, sino una herramienta indispensable para su integración y tratamiento médico. Sin embargo, el debate terminó con un resultado negativo para quienes impulsaban la medida.
Al momento de la votación, el cuerpo legislativo se mostró dividido. El proyecto contó con el apoyo de los ediles de Alianza La Libertad Avanza y del bloque Fuerza Patria, quienes coincidieron en la urgencia de dar una respuesta institucional a los reclamos que se vienen recibiendo. No obstante, la propuesta fue rechazada por los votos del bloque Hechos y el sector de La Libertad Avanza alineado al oficialismo municipal. Al no conseguir la mayoría necesaria, el proyecto fue archivado en la sesión de ayer.
Uno de los puntos que más generó debate fue la mención a que muchas soluciones se vienen dando “de palabra” entre el Municipio y las empresas, sin que exista un marco legal que proteja efectivamente al usuario. Esto deja a los beneficiarios de pases por discapacidad en una situación de incertidumbre, dependiendo de la voluntad del chofer o de la configuración de la tarjeta SUBE en el sistema. Los reclamos señalan que las respuestas en las oficinas municipales son escasas y que el tiempo de espera para normalizar el servicio afecta directamente la calidad de vida de los usuarios.
El rechazo legislativo deja el tema en un punto de espera. Mientras el oficialismo y sus aliados sostuvieron su postura de no acompañar la propuesta tal como fue presentada, desde la oposición aseguraron que seguirán insistiendo con el tema en las reuniones de comisión. Por el momento, el marco regulatorio del transporte para personas con discapacidad en la ciudad no sufrirá modificaciones, manteniendo las condiciones que motivaron la presentación del proyecto y las quejas formalizadas.
