Hay temas que no admiten dilaciones. No por urgencia mediática ni por presión circunstancial, sino porque impactan de manera directa en la vida cotidiana de personas que no tienen margen para esperar. El acceso al transporte para personas con discapacidad es uno de ellos. Y, sin embargo, en San Nicolás volvió a quedar claro que no está en la lista de prioridades de la Municipalidad.
El rechazo total al proyecto presentado por la concejal Mariana Aseff, del bloque Alianza La Libertad Avanza, no puede leerse como una simple decisión legislativa. Es, en los hechos, la cancelación de una herramienta concreta para ordenar, garantizar y dar previsibilidad a un servicio esencial. Lo que se descartó no fue un expediente: fue una posibilidad de respuesta.
Mientras tanto, la realidad sigue siendo la misma. Familias que no saben si podrán trasladar a sus hijos a la escuela, a un tratamiento o a un centro de día. Un sistema que funciona con acuerdos informales, sin reglas claras, donde el acceso a un derecho depende más de la circunstancia que de la ley. Y un Municipio que, lejos de corregir esa precariedad, la tolera.
Lo más preocupante no es el conflicto en sí, sino su origen. Porque no se trata de un problema irresoluble ni de una situación excepcional. Es, por el contrario, un escenario que podría haberse evitado con gestión, previsión y voluntad. No hubo sorpresa. Hubo falta de decisión. Decisión politica del passaglismo. Esa misma determinación que no demora cuando se trata de cuestiones que le simpatizan econónicamente.
En este contexto, la ausencia del Ejecutivo no es neutra. No intervenir, no ordenar, no exigir el cumplimiento de la normativa vigente también es una forma de actuar. Y sus consecuencias son concretas: más incertidumbre, más desgaste para las familias y más vulneración de derechos.
El argumento de los tiempos administrativos o de la necesidad de “evaluar” pierde peso frente a una urgencia que ya está en la calle. Porque cuando el Estado no llega, alguien queda afuera. Y en este caso, los que quedan afuera son justamente quienes más necesitan del sistema para sostener su vida diaria.
La discusión de fondo no es técnica ni política. Es moral. Se trata de decidir si el transporte para personas con discapacidad es una prioridad real o un tema que puede seguir postergándose sin costo. Hasta ahora, la respuesta del Municipio parece inclinarse por lo segundo.
Pero el costo existe. Y lo pagan las familias que mas lo necesitan.
Insistir en que el problema se resolverá más adelante, sin plazos ni garantías, es simplemente prolongar la incertidumbre. La solución no requiere discursos ni promesas: requiere decisión, coordinación y responsabilidad.
Porque hay derechos que no pueden quedar librados a la discrecionalidad. Y hay ausencias que, con el tiempo, también se transforman en responsabilidad.
