A Mateo le faltaban solo dos años para colgarse el cartel de egresado. Llevaba años transitando los pasillos de la escuela, construyendo su identidad entre bancos, recreos y exámenes. Sin embargo, un expediente judicial estuvo a punto de arrebatarle ese futuro. Sin consultarle, un juez dictaminó que su lugar ya no era la educación general, sino una institución de educación especial. Pero Mateo no se quedó callado: exigió ser escuchado, enfrentó al sistema y logró un fallo que sienta un precedente histórico para el colectivo de discapacidad en Argentina.
La historia, que se conoció esta semana, comenzó cuando el joven tenía 17 años. En el marco de un proceso judicial, el magistrado a cargo decidió, de forma unilateral, modificar su trayectoria educativa. La resolución ignoraba un dato fundamental: la voluntad del protagonista. Bajo el prejuicio de su discapacidad, se le negó incluso la designación de un “abogado del niño”, una figura clave para garantizar que los menores de edad tengan voz propia en los pleitos que los afectan.
“Mi voluntad está por encima de todo”
Acompañado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad de la UNLP, Mateo se presentó ante los tribunales no como un objeto de protección, sino como un sujeto de derechos.
Su argumento fue tan simple como contundente: la decisión judicial violaba el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantiza la educación inclusiva y prohíbe la exclusión del sistema general.
El encuentro que cambió el rumbo
Mateo no quiso que su defensa fuera solo un intercambio de papeles fríos. Solicitó una audiencia cara a cara con el juez. En ese encuentro, con la claridad de quien sabe lo que se juega, explicó por qué la escuela común era vital para él: no se trataba solo de pertenencia social, sino de una cuestión de autonomía económica. Solo el título de secundaria general le permitiría acceder a mejores oportunidades laborales y a una vida independiente.
Ante la contundencia del testimonio y el respaldo legal, el juez debió retroceder. Reconoció el derecho de Mateo a elegir su proyecto de vida, revirtió su propio fallo y ordenó que el joven continúe sus estudios en la escuela secundaria convencional.
Un sistema que todavía excluye
El caso de Mateo pone bajo la lupa una realidad estructural. En Argentina, muchas personas con discapacidad aún enfrentan procesos judiciales donde se las considera incapaces de decidir. Paradójicamente, los ámbitos creados para proteger derechos terminan convirtiéndose en la primera barrera para ejercerlos.
Hoy, Mateo está próximo a terminar sus estudios. Su victoria no es solo personal; es un recordatorio para el Poder Judicial de que no existe inclusión real sin participación efectiva. La sentencia reafirma que, sin importar los diagnósticos, la voz de la persona debe ser el eje central de cualquier decisión sobre su destino.
