La situación del transporte público en San Nicolás sigue alimentando un problema de frecuencias para convertirse en una vulneración institucional de derechos básicos, cuya responsabilidad recae directamente sobre el Ejecutivo Municipal.
Mientras la gestión passaglista se jacta de la modernización del sistema, la realidad en los barrios muestra una cara opuesta: ciudadanos que perdieron la posibilidad de asistir a escuelas, centros de día o tratamientos médicos debido a la falta de un marco legal sólido que garantice la gratuidad para ellos y sus acompañantes.
La concejal Mariana Aseff ya explicó que el conflicto no es un incumplimiento aislado de la empresa Vercelli Hnos., sino la consecuencia de una administración pública que se maneja mediante acuerdos informales y una alarmante falta de control.
El paso al sistema de tarjeta SUBE, que debería haber sido una mejora técnica, terminó desnudando la precariedad con la que el Municipio gestiona los convenios de transporte.
En la sesión del Concejo Deliberante, Aseff fue clara sobre la falta de prolijidad administrativa: es el núcleo del problema, ya que los beneficios de gratuidad para este colectivo parecen haber sido sostenidos por acuerdos verbales y no por documentos que aseguren su continuidad legal. Esta precariedad institucional implica que el Estado Municipal delegó la protección de los derechos constitucionales en la voluntad de la empresa prestataria, ignorando que el transporte público es un servicio concesionado donde el Municipio tiene la obligación indelegable de supervisar y reglamentar cada beneficio otorgado por ley.
La gravedad de la situación radica en que no se trata de un pedido caprichoso, sino del cumplimiento de normativas vigentes, incluyendo el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional.
Al no haber regulado formalmente el acceso durante la transición al sistema nacional de boleto electrónico, el oficialismo municipal dejó un vacío legal que hoy pagan los vecinos más vulnerables.
La crítica apunta a un Estado que pide tiempo para “averiguar y poner en acción”, mientras los derechos se suspenden en la práctica diaria.
Este nuevo conflicto en la ciudad ratifica una gestión municipal que prioriza la informalidad por sobre la seguridad jurídica de sus ciudadanos, dejando en evidencia que, cuando el control estatal es inexistente, el derecho al transporte deja de ser una garantía para convertirse en una variable de ajuste.
