En nuestra ciudad, la gestión de la salud pública parece haber tomado un camino que muchos observadores califican, cuanto menos, de singular.
El pasado 14 de abril, el anuncio de la puesta en funcionamiento de un nuevo centro sanitario sobre la Avenida Savio, en las cercanías de la Ruta Nacional N° 188, fue presentado por el oficialismo local como un hito de progreso.
No obstante, detrás del corte de cintas y los anuncios oficiales, subyace una trama de decisiones administrativas que invitan a preguntarse sobre cuáles son las verdaderas prioridades de la actual administración.
La primera gran incógnita surge al analizar el origen y el destino de los recursos. El edificio en cuestión fue erigido con fondos que surgen del esfuerzo de los contribuyentes nicoleños.
Sin embargo, la administración de este espacio no quedó en manos del Estado, sino que fue cedida al Grupo Oroño, un poderoso holding privado oriundo de Rosario. Lo llamativo para diversos sectores de la oposición y de la sociedad civil es la falta de claridad respecto al proceso de licitación o selección: ¿Bajo qué parámetros se decidió que este grupo, que ya gestiona el hospital de la zona oeste, fuera nuevamente el beneficiario de una infraestructura financiada por el Municipio?
Esta política de “llave en mano” para el sector privado contrasta fuertemente con la historia reciente de la relación entre el municipio y el Hospital Interzonal General de Agudos “San Felipe”.
Para muchos, resulta difícil olvidar el episodio ocurrido en noviembre de 2022, cuando la Municipalidad, entonces bajo el mando de Manuel Passaglia, envió una intimación fiscal al “San Felipe” por una suma cercana a los 9 millones de pesos en concepto de tasas por servicios sanitarios. Aquel gesto, que en su momento fue interpretado como una presión económica asfixiante sobre una institución que atiende a los sectores más vulnerables, genera hoy un contraste inevitable: mientras se le exige el pago de tasas a la salud pública provincial, se le otorgan edificios a estrenar a empresas de medicina privada.
al Hospital Interzonal General de Agudos “San Felipe”
por cerca de 9 millones de pesos en concepto de tasas por servicios sanitarios.
Un modelo basado en la “tercerización”
El relato oficial sostiene que este modelo de gestión garantiza eficiencia. Pero, el hermetismo sobre los costos reales de estas inversiones plantea dudas razonables. Se desconoce la cifra exacta de millones de pesos que el municipio destinó para terminar las obras en la zona sur, tareas que originalmente dependían del Gobierno Nacional pero que fueron asumidas por la comuna bajo el eslogan de Hechos.
Mientras estas sumas se mantienen bajo reserva, los centros de salud barriales -aquellos que deberían ser la primera trinchera de la atención primaria- atraviesan situaciones de precariedad, luchando por insumos básicos y mantenimiento elemental.
¿Es la salud un derecho garantizado por el Estado o un servicio que el municipio decide “concesionar” según afinidades empresariales? La ubicación de estos nuevos centros también es objeto de análisis. Mientras el Hospital “San Felipe” permanece en el corazón de la ciudad, accesible para todos los barrios a través de las arterias principales, las nuevas inversiones municipales se desplazaron hacia los extremos de la localidad -norte, oeste y sur-, obligando a una fragmentación del sistema que, en última instancia, termina derivando los casos de mayor complejidad y costo al “San Felipe”.
El interrogante sobre los “vouchers”
Otro punto que genera suspicacias es el funcionamiento del Servicio Médico Municipal y su sistema de turnos y estudios. Aunque el discurso oficial promueve la modernización, la realidad diaria de miles de nicoleños muestra que la atención primaria local suele ser insuficiente.
Los estudios de alta complejidad o las internaciones prolongadas siguen recayendo en el “San Felipe”, ya que el sistema de “vouchers” locales no parece cubrir el espectro total de las necesidades sanitarias de la población. Esto plantea una pregunta ética: ¿Se está invirtiendo en salud pública o se está utilizando el presupuesto municipal para subsidiar la infraestructura de un grupo privado que luego cobra por sus servicios?
La historia de San Nicolás y la familia Passaglia estuvo ligada a la salud desde sus inicios, con Ismael Passaglia dirigiendo el mismo “San Felipe” al que sus hijos luego intimarían. Ese giro en la visión política, que pasó de defender la institucionalidad pública a fomentar una dependencia creciente de grupos privados rosarinos, marca un cambio de paradigma que los nicoleños observan con una mezcla de asombro y preocupación. En definitiva, el modelo actual parece caminar sobre una cuerda floja.
Por un lado, celebra la inversión en ladrillos, pero por el otro, deja interrogantes abiertos sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de ese progreso financiado por todos.
