El avance tecnológico trajo consigo nuevas modalidades delictivas en San Nicolás, donde los ciberdelitos se duplicaron respecto a 2021 y 2022. Según expuso el abogado Sergio Iván Cej, Magíster en Ciberseguridad y Diplomado en Cibercrimen y Evidencia Digital, “La pandemia fue el punto de inflexión, empujó a todo el mundo al homebanking sin ninguna capacitación, y los delincuentes aprovecharon el contexto”. Hoy proliferan estafas bancarias, hackeos de WhatsApp, créditos exprés y la toma de cuentas comerciales. A nivel nacional, la tendencia es preocupante:En 2024 se registraron más de 34.000 denuncias por delitos informáticos, un 21% más que el año anterior.
El especialista detalló que mutó la sofisticación de los métodos. “Antes un mensaje de texto mal escrito era suficiente para estafar a alguien. Hoy llaman con número de teléfono del banco real, usan el nombre del cliente, conocen el saldo”, alertó Cej sobre esta táctica llamada ingeniería social.
Declaró que las modalidades tradicionales como los falsos turnos de ANSES o vacunas quedaron viejas. Actualmente predominan la usurpación de identidad en WhatsApp, las plataformas de inversión falsas y el “vishing” bancario. “Te llama alguien que dice ser del banco, te dice que hay una operación sospechosa en tu cuenta, te pide que confirmes el token ‘para cancelarla’, y listo”, describió. Con ese código tramitan préstamos preaprobados y vacían las cuentas en dos minutos. Explicó que el 30% de los accesos ilegítimos corresponde a WhatsApp, que funciona como una “llave maestra” para robar datos con los que armar las estafas siguientes.
Los perfiles más afectados
Al analizar el perfil de los damnificados nicoleños, Cej manifestó que el delito se concentra en dos grupos. El primero son los adultos mayores y jubilados que cobran por el Banco Provincia, quienes ceden credenciales ante engaños amables. “Son las víctimas más vulnerables y las que más pierden, porque en muchos casos el dinero estafado es el único ingreso del mes”, aseguró.
El segundo grupo son emprendedores y comerciantes de entre 30 y 50 años, debido a su alta exposición digital (Instagram, Mercado Pago, transferencias). El abogado puntualizó que el hackeo de cuentas comerciales de Instagram para vender dólares falsos creció mucho en San Nicolás. Los delincuentes envían mensajes falsos de verificación o infracciones para que el dueño ingrese sus datos en un enlace. Al perder el control del perfil, se genera un doble problema para el comerciante: “El penal, que es la usurpación de la cuenta y el civil, porque pueden demandarlo por las transacciones fraudulentas que se hicieron desde su perfil”.
Denuncias y evidencia
Ante una estafa, Cej recomendó un protocolo de tres pasos: Cortar el contacto de inmediato; comunicarse al número oficial de la tarjeta pidiendo al banco que bloquee la cuenta; y capturar pantallas, números y horarios como evidencia antes de tocar nada, ya que borrar el chat es borrar la prueba. Si la estafa se descubrió tarde, se debe denunciar igual para iniciar el reclamo bancario y la demanda civil posterior.
Respecto a dónde acudir en la ciudad, el profesional afirmó: “En San Nicolás, lo más directo es ir a la Fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Nicolás”. Aclaro que no hay una unidad especializada como en La Plata o CABA, pero las causas suelen recaer en una misma unidad, y se cuenta con una Secretaría especializada en cibercrimen a cargo del Dr. Julio Pérez Carreto, a quien definió como un gran profesional capacitado. Si bien se puede denunciar en la comisaría o por la app MiSeguridad de la Provincia, Cej aconsejó ir directamente a la Fiscalía con la información organizada, advirtiendo que la policía local carece de capacitación específica para preservar adecuadamente la prueba informática.
Recuperación del dinero y reclamos bancarios
Cej fue tajante al evaluar las expectativas de resolución: “Hay que ser honesto acá, porque el periodismo sensacionalista no ayuda a nadie. Las chances de recuperar el dinero dependen casi exclusivamente de la velocidad de actuación”. Si la denuncia se hace en las primeras horas, el banco receptor puede congelar los fondos, algo que ya ha sucedido en casos locales. Pasadas las 24 o 48 horas, el dinero circula por redes ilegales o criptomonedas, volviendo la recuperación muy compleja, aunque el proceso penal sirve para individualizar responsables. Identificar a los autores es lento porque la mayoría opera desde otras provincias o el exterior, requiriendo trabajos de empresas tecnológicas que demoran semanas o meses por la falta de recursos especializados en el interior del país.
Por ello, señaló que las mejores perspectivas están en el reclamo civil contra los bancos, basándose en el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. Explicó que los jueces aplican un criterio de “responsabilidad compartida pero asimétrica”. Si el banco omitió medidas como la doble autenticación, biometría para montos inusuales o control de IPs anómalas, debe responder. Al respecto, citó que la Cámara Nacional en lo Comercial Sala F confirmó en marzo de 2025 esta obligación de monitoreo. Sin embargo, si la víctima entregó sus códigos de validación, la justicia suele rechazar las demandas, existiendo antecedentes donde se ordenó a las entidades afrontar el 75% de la suma reclamada, dejando el 25% a cargo de la víctima.
Cuando se introducen créditos preaprobados no solicitados, Cej aseguró que se puede frenar el cobro judicialmente. “La herramienta es la medida cautelar innovativa”, declaró, detallando que esta suspende los descuentos inmediatamente mientras avanza la investigación penal para evitar un daño progresivo sobre la parte débil. Como ejemplo, mencionó que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 ordenó al Banco Provincia que no realizara ningún descuento vinculado al préstamo que una jubilada no solicitó.
El atraso legal y la respuesta judicial
Finalmente, en el plano normativo, el especialista manifestó que el Código Penal presenta atrasos significativos frente a las nuevas tecnologías. “La ley base es la Ley 26.388 de 2008, que tiene dieciocho años. En términos de tecnología digital, eso es una eternidad”. Aunque contempla figuras como el acceso ilegítimo, la defraudación informática y el daño a sistemas, deja vacíos ante técnicas como el “vishing”. Al ser la propia víctima quien realiza la acción inducida por el engaño, el estafador no accedió ilegítimamente al sistema, obligando a encuadrar el caso en la estafa genérica del artículo 172, perdiendo especificidad. A esto se suman los conflictos de jurisdicción entre provincias que retrasan los expedientes y la ausencia de una ley procesal de evidencia digital que obligue a los proveedores privados a entregar datos con celeridad.
Al ser consultado sobre si el Poder Judicial local actúa con rapidez, Cej fue sincero: “Voy a ser honesto. No”. Explicó que esto no se debe a negligencia de los magistrados, sino a que el sistema no está diseñado para la velocidad que exige este tipo de delitos, donde los oficios tecnológicos tienen plazos incompatibles con dinero que se mueve en segundos, sumado a la escasa formación en evidencia digital y la falta de recursos específicos.
No obstante, concluyó con una perspectiva clara para quienes buscan asesoramiento: “Lo que sí es posible, y donde los resultados son mejores, es cuando hay un abogado que empuja la causa desde el primer día, que presenta los escritos, que solicita las medidas urgentes, que no deja que el expediente duerma”. Afirmó que la justicia en el interior responde bien a la presión procesal dirigida y que, mediante cautelares urgentes bien fundadas, ha visto resoluciones dictadas en cuestión de días.
