Un profundo malestar se instaló entre los residentes y comerciantes de la ciudad tras una nueva jornada de caos vehicular e infraestructura rota en pleno casco céntrico. Ayer, el tránsito permaneció completamente restringido sobre la calle Mitre, entre 9 de Julio y Urquiza, extendiéndose la interrupción vial hasta pasadas las primeras horas del día de hoy debido a la rotura de una cañería de la red de distribución de agua potable. La consecuente filtración inundó una cámara subterránea de distribución eléctrica, obligando a un despliegue de emergencia con maquinaria pesada para remover el joven pavimento.
Para la comunidad nicoleña, este episodio se convirtió en la piedra fundamental de un reclamo estructural que exige el fin de las improvisaciones: la necesidad imperiosa de auditoría y transparencia pública. Los frentistas manifestaron su indignación ante lo que consideran una falta de coordinación cronológica entre la obra estética y el recambio estructural básico, catalogando la situación como una preocupante muestra de “falta de planificación integral”. Según expresó Luis, otro ciudadano local afectado por esta situación, resulta “inadmisible romper una superficie recién inaugurada (con el costo que implicó el intertrabado, las veredas y la arboleda) para arreglar cañerías subterráneas”.
Exigencia de control de calidad y plazos públicos
El descontento social se tradujo en una demanda directa hacia el Ejecutivo municipal para que intime de manera urgente a la empresa constructora o al área técnica responsable a través de una rigurosa auditoría y control de calidad. Los damnificados sostienen que se debe ejecutar la garantía de obra sin costo extra para la ciudad.
Asimismo, los vecinos exigen un cambio radical en los procedimientos oficiales mediante una “planificación subterránea previa”. La comunidad reclama que, en futuras etapas de peatonalización o modernización, el recambio total de redes de agua y cloacas se apruebe mediante un certificado técnico de aptitud hidráulica definitivo antes de colocar un solo adoquín arriba. Para mitigar el impacto negativo actual, se volvió una demanda prioritaria exigir transparencia en los plazos a través de un cronograma público y urgente que detalle cuánto tiempo demandará esta nueva reparación.
Despilfarro de recursos y perjuicio comercial
La falta de control alimenta la desconfianza de los contribuyentes respecto al destino de los fondos públicos. Los ciudadanos advierten sobre un claro “despilfarro de recursos públicos”, señalando que romper lo nuevo para volver a arreglarlo significa un doble gasto de materiales y mano de obra que pagan los propios vecinos a través de las tasas municipales. La indignación escaló en las calles céntricas, donde algunos frentistas lanzaron duras acusaciones hacia la administración al sostener con impotencia que esta modalidad representa una “manera de lavar dinero”.
Por otro lado, el sector comercial volvió a transformarse en el principal afectado por la parálisis urbana. Los damnificados denunciaron un severo “perjuicio al sector comercial y al tránsito”, recordando que el centro ya sufrió meses de cortes por la obra original. Volver a vallar, generar escombros, ruidos y desvíos afecta directamente las ventas de los comercios céntricos y la circulación peatonal y vehicular de los vecinos. Además, advierten por la “pérdida de valor estético y calidad”, ya que el bacheo sobre un pavimento de adoquines nuevo nunca queda igual si se hace apurado, corriendo el riesgo de generar hundimientos futuros, descalce de bloques y filtraciones de agua si la base no se compacta perfectamente tras la reparación hidráulica.
