Los próximos 1 y 2 de julio se desarrollará en el Departamento Judicial San Nicolás el juicio por jurados por el crimen de César Butara, el abogado y comerciante de Ramallo asesinado durante un violento asalto a su vivienda en febrero de 2024.
En esta instancia serán juzgados Walter Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Ramiro Cáceres, los tres imputados que optaron por ser sometidos al sistema de juicio por jurados. La familia de la víctima, a través de su representación legal, solicitará que los tres sean condenados a prisión perpetua.
El debate estará a cargo de un jurado integrado por ciudadanos, que deberá determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados luego de escuchar las pruebas y los testimonios que se presenten durante las audiencias.
La acusación será sostenida por los fiscales Verónica Marcantonio, Gregorio Baldarenas, Marta Irazola y Matías Domínguez. En tanto, Walter Díaz y Miguel Ángel Pereyra Retamal serán defendidos por la abogada Celina Berterame, mientras que la defensa de Ramiro Cáceres estará a cargo del abogado Joaquín Castro.
El juicio representa una nueva etapa en una causa que conmocionó a la comunidad de Ramallo. César Butara fue asesinado durante un robo cometido por una banda integrada por cinco hombres oriundos de San Pedro que irrumpieron en su vivienda con fines de robo. Durante el hecho recibió heridas que le provocaron la muerte, mientras que el resto de su familia también fue víctima del asalto.
Si bien la causa ya tuvo una primera sentencia, ese fallo alcanzó únicamente a José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron ser juzgados mediante un juicio técnico, es decir, ante jueces profesionales. En febrero de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de San Nicolás los condenó a 20 años de prisión por su participación en el hecho.
En cambio, Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Cáceres solicitaron ser juzgados por un jurado popular, una posibilidad prevista por la legislación bonaerense para delitos cuya pena máxima puede ser la prisión perpetua. Por ese motivo, su situación judicial se resolverá ahora en un proceso independiente.
En los últimos días, familiares, amigos y vecinos de la víctima volvieron a manifestar públicamente su pedido de justicia de cara al inicio del debate oral. A más de dos años del crimen, expresaron su expectativa de que el juicio permita establecer las responsabilidades de los tres acusados y concluya con la imposición de la máxima pena prevista por la ley.
El veredicto que emita el jurado popular marcará el desenlace judicial para los tres imputados que aún no habían sido juzgados y cerrará una nueva etapa de una de las causas penales de mayor impacto registradas en Ramallo en los últimos años.
