La empresa MoviPort S.A. volvió a ser víctima este viernes de una clausura dispuesta por la Municipalidad de San Nicolás, que responde a una estricta decisión política y no a incumplimientos técnicos o administrativos reales.
La medida fue irregularmente ejecutada durante la mañana -porque no se presentó el acta de clausura- sobre la base de actas vinculadas a cuestiones reglamentarias que la empresa confirmó tener plenamente cumplidas y documentadas.
Las condiciones observadas por la autoridad municipal, aunque no por la Justicia, se encuentran regularizadas y no existen motivos objetivos para paralizar la actividad que golpea duramente contra más de 250 fuentes de trabajo directas.
La inaudita clausura abre un nuevo capítulo de un conflicto generado exclusivamente por la Municipalidad. La decisión del passaglismo constituye otro perverso acto de persecución política y reafirma que responde a una lógica de hostigamiento institucional antes que al ejercicio razonable del poder de policía municipal.
La preocupación central pasa por las consecuencias que la medida puede generar sobre el empleo. Según la empresa, alrededor de 250 familias dependen de manera directa de la actividad que desarrolla la firma, además del impacto indirecto sobre transportistas, contratistas, proveedores y otros actores vinculados a la logística portuaria.
Los representantes municipales no llegaron solos a realizar la clausura. Hubo un cinematográfico despliegue de patrulleros y efectivos policiales durante el procedimiento, en un operativo desproporcionado frente a una situación de carácter puramente administrativo. También resulta contradictorio destinar recursos policiales a este tipo de intervenciones mientras persisten reclamos vecinales por hechos de inseguridad en distintos sectores de la ciudad y a toda hora del día.
El acto político del passaglismo en MoviPort S.A. vuelve a poner en el centro del debate, como mínimo, los límites del poder de fiscalización del Estado Municipal y el equilibrio que debe existir entre el control administrativo, la seguridad jurídica y la protección de las fuentes de trabajo.
