La nueva clausura contra la empresa MoviPort S.A. parece inscribirse en esta segunda categoría: una medida impulsada por el Municipio de San Nicolás que vuelve a dejar en evidencia una preocupante lógica de confrontación, donde la autoridad estatal deja de ser una herramienta de orden para convertirse en un mecanismo de presión.

El passaglismo eligió nuevamente el camino del conflicto. En lugar de demostrar justicia, optó por una medida extrema que paraliza una actividad productiva y pone en riesgo cientos de fuentes laborales. No se trata de una discusión menor ni de un trámite burocrático: detrás de una clausura, que además resulta irregular, hay trabajadores, familias, proveedores y una cadena económica que depende del funcionamiento de una empresa.

La pregunta central es inevitable: ¿cuál es el verdadero objetivo de esta decisión?

Porque si existían cuestiones administrativas para corregir y la empresa cuenta con documentación que acredita fehacientemente la regularización de los puntos observados, la clausura es una respuesta desproporcionada. La función del Estado Municipal debería ser controlar, ordenar y garantizar el cumplimiento de las normas, no utilizar la estructura pública como herramienta de castigo político.

La forma en que se ejecutó la medida también genera interrogantes. El procedimiento se realizó sin la entrega del acta de clausura correspondiente y sobre la base de observaciones reglamentarias que ya habían sido subsanadas.

La ausencia de un criterio razonable y proporcional transforma una intervención administrativa en un acto que parece buscar otro efecto: generar presión, instalar una señal de fuerza y disciplinar a quien queda enfrentado con el poder político de turno.

El problema no es que una Municipalidad controle. Ese es un deber irrenunciable. El problema aparece cuando el control pierde objetividad y se convierte en persecución.

La historia reciente muestra que el passaglismo utiliza en reiteradas ocasiones el aparato municipal como una extensión de sus disputas políticas. En este caso, la consecuencia directa vuelve a caer sobre el sector productivo y sobre trabajadores que nada tienen que ver con las diferencias entre dirigentes.

El dato más grave es el impacto laboral. Alrededor de 250 familias dependen directamente de la actividad de MoviPort S.A., según la empresa. A eso se suma una red de 150 trabajadores indirectos, transportistas, contratistas, proveedores y servicios asociados a la actividad portuaria.

Una decisión política puede durar una firma. Pero sus consecuencias pueden extenderse durante semanas o meses para quienes viven de un salario.

En una ciudad que necesita generar empleo y atraer inversiones, clausurar una empresa sin una justificación contundente envía un mensaje preocupante: que cualquier actividad puede quedar sometida a la voluntad del poder político de turno.

La seguridad jurídica no es un concepto abstracto. Es la garantía de que quienes producen, invierten y generan trabajo no dependerán del humor de un funcionario ni de una disputa coyuntural.

Otro aspecto que llamó la atención fue el operativo desplegado durante la clausura. La presencia de patrulleros y efectivos policiales para acompañar una medida administrativa mostró una puesta en escena innecesaria y desproporcionada.

Mientras vecinos reclaman mayor presencia policial frente a situaciones de inseguridad que ocurren diariamente en distintos barrios, el Estado Municipal parece encontrar recursos para montar operativos frente a una empresa que, según sostiene, tenía regularizada su situación.

La imagen es difícil de justificar: policías afectados a un conflicto administrativo mientras aumentan en tiempo récord las demandas ciudadanas por prevención y seguridad.

El conflicto con MoviPort S.A. abre una discusión más profunda sobre los límites del poder municipal. Ningún gobierno puede confundir autoridad con arbitrariedad, ni fiscalización con persecución.

El Estado tiene herramientas para controlar. Pero esos instrumentos deben aplicarse con criterios técnicos, transparencia y proporcionalidad. Cuando una clausura parece responder más a una disputa política que a una necesidad concreta, se erosiona la confianza institucional.

El passaglismo debería explicar si está defendiendo el cumplimiento de normas o si está utilizando la estructura municipal para avanzar contra quienes no forman parte de su círculo de poder. Nunca lo explicará.

La cuestión neurálgica es que detrás de cada expediente hay personas. Detrás de cada clausura hay trabajadores. Y detrás de cada decisión política hay consecuencias reales.

Gobernar no es demostrar quién tiene más fuerza. Gobernar es administrar el poder con responsabilidad.

Si una gestión transforma el control en persecución y una diferencia política en una amenaza para el empleo, lo que queda en juego no es solamente una empresa. Es la forma en que hace rato se ejerce el poder en San Nicolás.