El Consejo de la Magistratura citó este miércoles a declarar a un oficial superior de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el trámite disciplinario seguido al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. El magistrado está bajo sospecha de no haber actuado ante medidas pedidas contra un narcotraficante y favorecido de esa manera su impunidad. El policía convocado es, justamente, quien con su testimonio motivó el trámite actual, que puede definir el futuro de Bailaque.
El narcotraficante en cuestión es Esteban Lindor Alvarado, quien en 2022 fue condenado a prisión perpetua en la Justicia de Santa Fe por el asesinato de un prestamista y por montar una asociación ilícita con un entramado de empresas legales gestadas con sus negocios económicos. En ese juicio uno de los testigos más contundentes sobre el sistema de protección que tuvo Alvarado fue el oficial Emilio Lencina, la persona a la que ahora el Consejo quiere escuchar, a solicitud de la consejera acusadora, la diputada nacional por Santa Cruz Roxana Reyes.
En el juicio, el oficial Lencina contó que no podía entender cómo se había desestimado la prueba rendida contra Alvarado en 14 informes a la Justicia Federal de Rosario que empezó a producir en 2012. Esa misma prueba serviría, diez años después, para mostrar la malla de complicidades en especial con policías santafesinos que tenían negocios con él, varios de los cuales resultaron condenados.
Los informes de Lencina fueron volcados en una causa que impulsó el ex fiscal federal Marcelo Di Giovanni y tramitó en el juzgado federal a cargo de Bailaque. El ex jefe de la PSA contó en aquel juicio que a partir de la denuncia de un testigo reservado se realizaron seguimientos, informes patrimoniales y de movimientos migratorios que mostraron con claridad que Alvarado se dedicaba ya por entonces al narcotráfico.
Entre la evidencia rendida había una filmación de una notebook secuestrada a Alvarado que mostraba una secuencia donde un piloto aterriza una avioneta en un campo, arroja unos bultos a tierra, cierra la compuerta del aparato y vuelve a despegar.
En el juicio provincial contra Alvarado Lencina contó que quien filmó esa secuencia en un momento dejó apoyado el celular dentro del auto y esto dejó al descubierto el número de identificación del parabrisas. Así se pudo determinar la patente del vehículo. Era una Toyota Hilux que estaba a nombre de Jorge Antonio Benegas, quien en ese mismo trámite fue condenado como mano derecha de Alvarado en la administración de sus empresas.
Lencina refirió en el juicio que por cuatro veces Bailaque denegó medidas cruciales de interceptaciones telefónicas para avanzar sobre el grupo de Alvarado lo que perjudicó la investigación. Eso mismo dijo, la semana pasada, el ex fiscal federal Di Giovanni, quien al mismo tiempo matizó al señalar que el magistrado fundamentaba por qué lo hacía. Bailaque manifestó al respecto, en su descargo, que la mayoría de las medidas requeridas en esa causa fueron avaladas por él como juez, aunque esas las rechazó como juez de garantías por insuficiente fundamentación.
El testimonio de Lencina, volcado en marzo de 2022, motivó que en la jornada de alegatos del juicio a Alvarado, los fiscales que lo acusaban, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, pidieran que el Consejo de la Magistratura de la Nación investigara las razones que tuvo el magistrado para no avanzar con la evidencia ni con la causa, que quedó congelada en 2015. Alvarado sería condenado por narcotráfico en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario por primera vez recién después de este juicio.
En la sesión de este miércoles, la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada presentó un pedido para producir nuevas pruebas en el trámite, algunas de las cuales ya fueron consideradas. La consejera Reyes pidió asimismo que todo el personal del juzgado federal nº4 de Rosario, que estaba a cargo de Bailaque, se presente a declarar como testigo ante el Consejo de la Magistratura.
En su descargo, Bailaque rechazó con firmeza haber favorecido a Alvarado con ninguna medida. Dijo que siempre delegaba las investigaciones a los fiscales, como en este caso. Que respondió favorablemente a la mayoría de las solicitudes de estos en esta causa. Y que si los fiscales estaban en disconformidad con sus medidas podían recurrirlas. A esto último el fiscal Di Giovanni, convocado como testigo la semana pasada, señaló que no podían.
En la audiencia del Consejo el vicepresidente de la Comisión de Acusación del Consejo, el diputado nacional Rodolfo Tailhade, de Unión por la Patria, solicitó que los fiscales Edery y Schiappa Pietra se presenten a declarar de manera presencial y no lo hagan por escrito. Propuso incluso que la comisión disciplinaria acuda a Rosario a tal fin. La acusadora Reyes avaló el planteo de su colega.
El titular de la comisión, Miguel Piedecasas, sostuvo que el Código Procesal Penal Federal habilita a que los fiscales declaren por escrito y que el cuerpo no tiene fuerza legal para obligarlos a acudir de manera presencial. En el caso de Edery la razón por la que no puede acudir es por encontrarse suspendido por la Legislatura de Santa Fe. La semana próxima se definirá de qué modo se recibirá la declaración de estos fiscales. Los que sí pueden hacerlo por escrito son el fiscal federal Sergio Marquevich, que estuvo en Rosario para el momento de los informes del policía Lencina, y la ex fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, que impulsó el pedido disciplinario contra Bailaque en el juicio en el que Alvarado fue condenado.
Fuente: Por Hernán Lascano (para LPO/Santa Fe)
