El conflicto entre la Municipalidad de San Nicolás y MoviPort S.A. vuelve a poner en evidencia un problema mucho más profundo que una disputa administrativa o judicial. Lo que está en discusión es un modelo de ejercicio del poder que, con el paso de los años, fue adquiriendo rasgos cada vez más preocupantes de concentración, personalización y escaso apego a los límites institucionales.
Cuando una administración actúa como si las decisiones judiciales fueran un inconveniente a sortear y no un mandato que debe respetarse, la discusión deja de ser jurídica para transformarse en política e institucional. Y no es la primera vez que ocurre.
A lo largo de los años, el passaglismo demostró una notoria incomodidad frente a cualquier instancia de control. La transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública o las resoluciones judiciales que contradicen los intereses del oficialismo suelen ser presentadas como obstáculos, nunca como mecanismos esenciales de una república.
Ese comportamiento revela una concepción del poder sumamente peligrosa: la idea de que quien gobierna está investido de una legitimidad superior que lo coloca por encima de las instituciones.
Allí aparece un fenómeno que comienza a preocupar cada vez más: la feudalización del poder.
San Nicolás parece haberse convertido en un territorio donde las fronteras entre el Estado, el gobierno y un proyecto político-familiar se vuelven cada vez más difusas.
Una familia gobierna desde hace más de una década con una acumulación de poder inédita y, en ese contexto, parece haber desarrollado la convicción de que la ciudad le pertenece.
Pero las ciudades no tienen dueños. Los municipios no son patrimonios familiares y las instituciones no pueden quedar subordinadas a la voluntad de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno.
Cuando un poder político se acostumbra a no reconocer límites, comienza inevitablemente una deriva autoritaria.
No se trata necesariamente de autoritarismo en su expresión más extrema, sino de un proceso gradual y silencioso en el que las instituciones dejan de ser concebidas como contrapesos y pasan a ser vistas como meros instrumentos al servicio del poder.
Se descalifica al que controla, se hostiga al que cuestiona y se intenta disciplinar -con látigo y/o billetera en mano- al que se opone.
En ese contexto, cualquier empresa, dirigente o ciudadano que no se alinee con el oficialismo corre el riesgo de transformarse en un adversario. Ese es un problema gravísimo.
La seguridad jurídica no depende únicamente de la existencia de leyes, sino de la certeza de que esas normas se aplicarán de manera imparcial y que las decisiones judiciales serán respetadas por todos, especialmente por quienes gobiernan.
Cuando se instala la percepción de que el poder político puede desconocer límites o actuar selectivamente, se deteriora la confianza en las instituciones y se envía una señal devastadora hacia la sociedad y hacia quienes pretenden invertir y generar empleo.
La democracia no se agota en las urnas. Ganar elecciones no habilita a ejercer un poder ilimitado ni otorga inmunidad institucional. Por el contrario, cuanto mayor es el respaldo electoral, mayor debería ser la responsabilidad de actuar con prudencia y respeto por las reglas republicanas.
La historia demuestra que todos los procesos de concentración de poder terminan recorriendo caminos similares: primero se relativizan los controles, luego se cuestiona a quienes ponen límites y finalmente se instala la idea de que la voluntad del gobernante debe prevalecer sobre cualquier institución.
Ese es el verdadero riesgo que hoy enfrenta San Nicolás. Porque el problema ya no es solamente MoviPort. La dificultad es el arraigo de una cultura política que parece considerar que las instituciones existen para legitimar al poder, pero no para limitarlo. Y cuando una dirigencia comienza a creer que está por encima de la ley, la democracia empieza a deteriorarse desde adentro.
Las repúblicas no mueren únicamente por grandes rupturas institucionales. Muchas veces se erosionan lentamente, a partir de pequeñas decisiones, de límites que se ignoran y de poderes que, con el tiempo, terminan convenciéndose de que son permanentes e intocables.
Por eso, frente a cualquier signo de feudalización del poder o de deriva autoritaria, la sociedad tiene la obligación de encender las alarmas.
Ninguna ciudad puede construir un futuro de desarrollo, inversiones y convivencia democrática si quienes la gobiernan comienzan a actuar como si fueran sus propietarios y no sus administradores temporales.
