El Senado comenzó a mover el tablero de cara a la próxima sesión y el oficialismo decidió ampliar la discusión parlamentaria para acercar posiciones con los bloques que suelen acompañar sus proyectos. En ese marco, este miércoles se analizan dos iniciativas vinculadas al mercado voluntario de carbono, impulsadas por las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut.
La decisión de La Libertad Avanza funciona también como una señal hacia los sectores provinciales y dialoguistas, que en las últimas semanas endurecieron sus condiciones para volver a sentarse en el recinto. El reclamo de la UCR, el PRO y los bloques provinciales es concreto: no quieren una sesión restringida a la denominada Ley Hojarasca y al tratamiento de pliegos.
El oficialismo, que tiene como presidenta de su bancada a Patricia Bullrich, intenta así recomponer el diálogo después del traspié que sufrió con la ley de propiedad privada. Para avanzar en el Senado, la estrategia apunta a cerrar acuerdos con los bloques aliados y conseguir respaldo para iniciativas como el Super RIGI, la Ley Hojarasca y los pliegos.
Dentro de la hoja de ruta también aparecen la Ley de Zonas Frías, cuyo tratamiento busca destrabarse después del acuerdo alcanzado con gobernadores del norte, y la reforma electoral. La intención es que esos temas puedan convivir con otros proyectos reclamados por los sectores dialoguistas.
Las dos iniciativas sobre carbono establecen presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo del mercado voluntario de créditos de carbono. Los proyectos de Royón, de Primero los Salteños, y Rojas Decut, del Movimiento por Misiones, son analizados en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
El tratamiento de estos expedientes se enmarca en las negociaciones por la próxima sesión. La idea original de La Libertad Avanza era convocarla para el 27 de agosto, pero comenzó a tomar fuerza la posibilidad de trasladarla a los primeros días de septiembre si el dictamen del RIGI se demora hasta el miércoles 26.
Ese cambio permitiría incorporar al temario otros proyectos que vienen reclamando la UCR, el PRO y los bloques provinciales. Según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, esos espacios ya comunicaron que no acompañarán una sesión limitada a la Ley Hojarasca y los pliegos.
En ese escenario, el mercado voluntario de carbono aparece como una de las alternativas para construir un temario con mayor respaldo. La apertura del debate en comisión busca ampliar la cantidad de iniciativas disponibles para una eventual sesión durante los primeros días de septiembre.
Las iniciativas buscan crear un marco jurídico para el desarrollo, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos voluntarios. También plantean mecanismos destinados a garantizar la integridad ambiental, la transparencia y la seguridad jurídica de esas operaciones.
Uno de los ejes es un sistema de incentivos para las empresas que logren evitar la emisión de gases contaminantes. Como reconocimiento por ese beneficio ambiental, podrán obtener certificados vinculados a la reducción de emisiones.
La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes será la encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa y coordinar su implementación junto con las provincias. Además, se prevé la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe).
En ese registro deberán inscribirse los proyectos que busquen emitir, transaccionar o retirar créditos de carbono dentro de la jurisdicción argentina. La propuesta también incorpora un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para controlar el funcionamiento de los proyectos.
Cada iniciativa que pretenda emitir créditos deberá atravesar un proceso cíclico y auditable, bajo estándares técnicos definidos por la autoridad de aplicación. Para realizar ese seguimiento se impulsa el uso de tecnologías de alta precisión, entre ellas sensores remotos, satélites, LiDAR, dispositivos IoT, drones y estaciones de medición en terreno.
Los créditos solo serán reconocidos cuando sean verificados por Entidades de Validación y Verificación (VVBs) acreditadas ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) o por estándares internacionales de reconocido prestigio.
El esquema también contempla beneficios impositivos para incentivar la puesta en marcha de los proyectos. Los ingresos obtenidos por la primera venta de créditos de carbono estarán exentos del Impuesto a las Ganancias durante cinco años, con excepción de aquellos alcanzados por el RIGI.
A su vez, las inversiones destinadas a tecnología de monitoreo, como sensores IoT, LiDAR y drones, junto con la infraestructura inicial necesaria para poner en funcionamiento los proyectos, tendrán una amortización del Impuesto a las Ganancias en tres años.
Por último, los proyectos de carbono que estén debidamente registrados en el ReNaRe tendrán estabilidad fiscal durante 15 años, contados desde el momento de su aprobación.
