La detención de Enrique Gamerro, domiciliado en Barrio Somisa, volvió a poner bajo la lupa su relación con la Justicia y, al mismo tiempo, abrió un interrogante político sobre la decisión del espacio Hechos, que responde a los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, de incluirlo entre sus representantes como mayor contribuyente.
Gamerro fue detenido en su vivienda de calle Islas Malvinas al 1500, en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). El procedimiento estuvo a cargo de la UFI N.° 15, encabezada por el fiscal Jorge Leveratto, junto con la Oficina de Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal de San Nicolás.
Durante el allanamiento fueron secuestrados un teléfono celular, tres notebooks, ocho pendrives, memorias de cámaras fotográficas, anotaciones con referencias a páginas de pornografía infantil y una pistola calibre 22 cuya tenencia no estaría autorizada.
El abogado y empresario fue posteriormente excarcelado, aunque la investigación continúa. El episodio adquirió especial relevancia por sus antecedentes de conflictos con la ley, vinculados a una extensa causa por presuntas estafas y falsificación de instrumentos públicos y privados.
El antecedente se remonta a marzo de 2001, cuando Gamerro desapareció durante 72 días luego de salir de su vivienda con el argumento de que viajaría a Rosario para cancelar un crédito prendario. Según los registros periodísticos de entonces, habría continuado viaje hasta Brasil y posteriormente habría pasado por distintos países antes de regresar a San Nicolás.
Tras su regreso, la empresa Bonelli lo denunció por estafas reiteradas y falsificación de documentos. La investigación se extendió durante más de dos décadas y llegó a juicio en 2006 ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso oportunamente una condena de 6 años y 6 meses de prisión.
La historia judicial, sin embargo, no terminó allí. La defensa presentó distintos recursos, incluso ante la Suprema Corte bonaerense, hasta que finalmente Gamerro obtuvo el sobreseimiento definitivo el 3 de junio de 2023.
El dato que ahora genera cuestionamientos políticos es que, pese a ese extenso recorrido judicial, el nombre de Gamerro aparece entre los diez mayores contribuyentes titulares propuestos por el bloque del passaglismo ante el Concejo Deliberante.
La nómina había sido elevada el pasado 16 de junio e incluye a los vecinos que participan en determinadas decisiones de carácter económico y tributario del Municipio. Entre ellas se encuentra el tratamiento de las ordenanzas fiscal y tarifaria, que establecen las tasas municipales que luego impactan directamente sobre los contribuyentes.
La inclusión de Gamerro adquiere otra dimensión a partir de su reciente acusación y de la gravedad de la investigación que actualmente enfrenta. Aunque una imputación no equivale a una condena y la causa por MASI deberá atravesar las instancias correspondientes, la decisión del passaglismo de elegirlo como representante entre los mayores contribuyentes traza un enigma inevitable sobre los criterios utilizados para confeccionar esa nómina.
La discusión, por lo tanto, excede la situación judicial individual de Gamerro. La incógnita apunta directamente al espacio político que lo seleccionó y a la responsabilidad de sus concejales al depositar en él una función institucional vinculada a decisiones tributarias que afectan a toda la comunidad.
Resta conocer la explicación pública del passaglismo sobre una elección que, frente a los antecedentes y la realidad, no puede —ni debería— pasar inadvertida.
