Tres causas judiciales diferentes, tres protagonistas con situaciones procesales distintas y un punto de contacto político difícil de ignorar: los tres hombres están vinculados, de una u otra manera, el gobierno municipal o a Hechos, el espacio que conducen Manuel y Santiago Passaglia.
No existe una conexión judicial entre los expedientes y sería incorrecto plantearla. Pero los casos abren un interrogante político sobre los criterios con los que el passaglismo selecciona candidatos, representantes institucionales y personas que cumplen funciones dentro del Municipio.
Uno de los involucrados ya fue condenado por abusar sexualmente de sus dos hijas cuando eran niñas. Hasta que COSA CIERTA publicó el fallo, trabajaba en Revolución Digital, un programa municipal que desarrolla actividades destinadas, entre otros sectores, a niños y adolescentes. Además, había sido candidato de Hechos en las últimas elecciones legislativas del año pasado, es decir, con pleno proceso judicial en marcha.
El segundo es Enrique Gamerro, abogado, empresario y reconocido vecino de Barrio Somisa, elegido por el bloque del passaglismo como uno de sus mayores contribuyentes. Días atrás fue detenido durante un allanamiento en una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). Luego recuperó la libertad y la investigación continúa.
El tercero es otro empleado municipal investigado por la agresión contra Arístides Salinas, el hombre en situación de calle atacado en la Costanera Alta. El miércoles pasado, una segunda rueda de reconocimiento volvió a frustrarse, aunque Salinas declaró ante la Fiscalía y señaló al agente de la Municipalidad como el sujeto al que atribuye la agresión.
De candidato de Hechos a condenado por abuso
El primero de los casos tiene una diferencia sustancial: existe una sentencia condenatoria. La jueza María Belén Ocariz, del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, condenó al hombre a 3 años de prisión de ejecución condicional por dos hechos de abuso sexual simple agravado, en concurso real, cometidos contra sus propias hijas.
La sentencia surgió de un juicio abreviado. Uno de los hechos ocurrió cuando una de las niñas tenía aproximadamente 7 años y el otro cuando su segunda hija tenía alrededor de 3.
Durante la investigación se incorporaron peritajes psicológicos y las declaraciones de las víctimas mediante Cámara Gesell. La magistrada consideró acreditados los abusos y la responsabilidad penal del acusado.
El caso adquirió una inevitable dimensión política cuando este semanario reveló que el condenado trabajaba para la Municipalidad de San Nicolás dentro de Revolución Digital. No era un dato menor: el programa desarrolla propuestas de tecnología, programación y robótica y varias están dirigidas a niños y adolescentes.
COSA CIERTA planteó entonces una pregunta elemental: ¿cómo podía continuar vinculado a un programa con actividades para menores un hombre condenado por abusar de sus hijas?
La respuesta administrativa llegó después de que el caso tomara estado público. Horas después de la salida a la calle del Semanario COSA CIERTA fue apartado de sus tareas municipales.
Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre la modalidad de la desvinculación ni explicaciones acerca de cómo había continuado desempeñándose allí después de la sentencia.
A esto se suma otro dato político: el condenado había sido candidato de Hechos en las últimas elecciones legislativas. Por eso, su apartamiento no agota el problema. Queda abierta la discusión sobre los mecanismos utilizados por el espacio de los Passaglia para elegir a quienes incorpora a sus listas y por el Estado municipal para controlar a quienes trabajan en áreas vinculadas con menores.
De mayor contribuyente a investigado por MASI
El segundo episodio tiene como protagonista a Enrique Gamerro y exige una aclaración: no existe una condena por el hecho que actualmente se investiga.
Gamerro fue detenido poco tiempo atrás en su vivienda de Islas Malvinas al 1500, en Barrio Somisa, durante un procedimiento en una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.
La investigación está a cargo de la UFI N° 15, encabezada por el fiscal Jorge Leveratto, junto con la Oficina de Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal de San Nicolás.
En el allanamiento fueron secuestrados un teléfono celular, tres notebooks, ocho pendrives, memorias de cámaras fotográficas, anotaciones con referencias a páginas de pornografía infantil y una pistola calibre 22 cuya tenencia no estaría autorizada. El abogado y empresario permaneció detenido algunos días y luego fue excarcelado. La investigación sigue abierta.
El episodio trasciende el expediente individual porque Gamerro fue propuesto por el bloque del passaglismo como uno de los diez mayores contribuyentes titulares ante el Concejo Deliberante.
La nómina fue elevada el 16 de junio y esa figura interviene en determinadas decisiones económicas y tributarias, entre ellas el tratamiento de las ordenanzas fiscal y tarifaria.
Su nombre, además, registra una extensa historia judicial. En 2001 fue denunciado por la empresa Bonelli por estafas reiteradas y falsificación de documentos. La causa llegó a juicio y en 2006 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás dispuso una condena de seis años y seis meses de prisión.
Luego de numerosos recursos, Gamerro obtuvo el sobreseimiento definitivo el 3 de junio de 2023. Ese desenlace debe quedar claro: jurídicamente fue sobreseído definitivamente en aquel expediente.
El interrogante actual es político. ¿Qué criterios llevaron al oficialismo a elegirlo como representante entre los mayores contribuyentes? La investigación que ahora enfrenta no permite trasladar responsabilidades penales a quienes lo propusieron, pero sí habilita a preguntar qué evaluaciones realiza el espacio gobernante antes de otorgar representación institucional.
Salinas señaló a un municipal ante el fiscal
El tercer caso tuvo novedades este miércoles. Arístides Salinas -en situación de calle- fue atacado meses atrás en la Costanera Alta. Dos hombres lo abordaron y uno de ellos descendió de un vehículo, lo golpeó con un elemento de hierro y lo amenazó para que abandonara San Nicolás. La víctima sufrió una herida en el cuero cabelludo que requirió sutura y logró registrar parte de la secuencia en video.
En el expediente quedó señalado un empleado municipal íntimamente relacionado al diputado Manuel Passaglia – integraría su grupo de seguridad personal-, que se presentó en sede fiscal con el abogado de la Municipalidad de San Nicolás.
La primera rueda de reconocimiento convocada por la UFIyJ N° 3 no se realizó porque el imputado no concurrió. Según se informó, justificó su ausencia por una consulta médica en Rosario.
Después llegó una segunda citación para Salinas. Debía presentarse el martes pasado. Acudió a la Fiscalía, esperó más de media hora y finalmente le comunicaron que había existido un error: el reconocimiento se haría al día siguiente.
Salinas regresó el último miércoles. Pero tampoco hubo rueda.
Mientras esperaba, el acusado ingresó acompañado por su abogado y pasó por delante de la víctima.
De acuerdo a la explicación Gabriel Godoy, abogado de Salinas, la defensa objetó el procedimiento porque ambos ya se habían visto antes del reconocimiento y también por la circulación previa de fotografías del acusado en redes sociales.
La medida quedó sin efecto, pero el fiscal Julio Tanús decidió tomarle declaración a Salinas y le exhibió fotografías. La víctima señaló con claridad y sin titubear al hombre al que atribuye la agresión. Desde su representación sostuvieron que, pese a que el investigado se había rapado y dejado barba, igualmente fue reconocido.
El cuadro se completa con otros episodios denunciados por Salinas, quien aseguró haber sufrido hostigamientos de personas que se identificaron como trabajadores municipales y, más recientemente, dijo que dos encapuchados lo abordaron para exigirle que entregara su teléfono.
La responsabilidad empieza donde termina la excusa judicial
Los tres expedientes no pueden mezclarse judicialmente. En uno existe una condena y los otros dos continúan bajo investigación. Pero políticamente el punto de contacto está a la vista.
El condenado por abusar de sus hijas trabajaba en un programa municipal destinado también a menores y había sido candidato de Hechos.
Enrique Gamerro, hoy investigado en una causa por tenencia de MASI, fue elegido por el passaglismo como mayor contribuyente. Un empleado del Municipio señalado por Arístides Salinas como su presunto agresor.
Nada de esto demuestra participación penal de Manuel Passaglia, Santiago Passaglia o Hechos en las conductas condenadas o investigadas. Pero la responsabilidad política funciona en otro plano. Gobernar también implica responder por los criterios utilizados para seleccionar candidatos, representantes y personas que ocupan espacios dentro del Estado.
¿Cómo continuó en Revolución Digital un condenado por abusar de sus hijas hasta que el fallo llegó a la tapa del Semanario COSA CIERTA? ¿Qué llevó al passaglismo a seleccionar a Gamerro como mayor contribuyente? ¿Qué posición adoptó el Municipio frente a la investigación que involucra al trabajador agresor de Salinas?
Las responsabilidades penales corresponden a la Justicia y deben resolverse individualmente. Las explicaciones políticas, en cambio, corresponden a quienes gobiernan. Y frente a tres episodios diferentes que vuelven a colocar bajo la lupa a personas vinculadas al universo del passaglismo, esas respuestas dejaron de ser una alternativa.
