En San Nicolás hay una pregunta que resulta cada vez más difícil de esquivar: ¿cuántas investigaciones y denuncias hacen falta para que el poder político considere que existe un problema que merece ser explicado?
La familia Passaglia lleva años ocupando lugares centrales en la estructura política de la ciudad y, paralelamente, distintos integrantes aparecen mencionados en investigaciones judiciales de naturaleza penal y patrimonial. No se trata de un único expediente ni de una acusación reciente. Hay una investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que alcanzó a Ismael Passaglia, Manuel Passaglia, Santiago Passaglia y otros integrantes de la familia, una pesquisa que tuvo embargos preventivos sobre bienes y productos bancarios y en la que el Ministerio Público Fiscal llegó a solicitar indagatorias.
La gravedad de aquella investigación no surge de una interpretación periodística. En 2022, los fiscales federales Matías Di Lello y Carlos Amad solicitaron indagar a integrantes de la familia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y también plantearon una acusación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas con contrataciones. La investigación fiscal incluyó cuestionamientos sobre el crecimiento patrimonial, adquisición de tierras y otros bienes, y presuntas inconsistencias en declaraciones fiscales.
El expediente tampoco desapareció con la falta de mérito dictada en 2023. El Ministerio Público Fiscal apeló aquella decisión y, en agosto de 2026, volvió a informar que pidió a la Cámara Federal que la anule y avance con el procesamiento de los imputados. Ese dato resulta significativo: jurídicamente, no existe una condena y la situación procesal debe ser respetada; políticamente, sin embargo, sería difícil sostener que se trata de un asunto cerrado.
A ese expediente se suman otros cuestionamientos. La utilización de fondos públicos, las contrataciones municipales y determinadas obras fueron objeto de denuncias y actuaciones administrativas y judiciales. En ese contexto aparece ahora un nuevo frente alrededor de la Costanera, donde una denuncia presentada en 2026 cuestionó la continuidad de determinadas obras pese a una medida cautelar de la Suprema Corte bonaerense y pidió investigar posibles delitos, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia.
También aquí corresponde separar las cosas: una denuncia no prueba que los delitos denunciados hayan ocurrido. Será la Justicia la que determine si existió incumplimiento, quiénes fueron responsables y si corresponde avanzar penalmente. Pero la existencia de una nueva investigación se suma a una larga lista de episodios que tienen como denominador común al poder político de San Nicolás.
Y ese es precisamente el punto que ya no debería esconderse detrás de tecnicismos.
Cuando una familia gobierna durante décadas, cuando sus integrantes ocupan sucesivamente cargos públicos y cuando alrededor de ellos aparecen investigaciones por patrimonio, lavado, contrataciones y decisiones administrativas, el estándar de transparencia debería ser mucho más alto. No porque gobernar durante muchos años sea una irregularidad, sino porque la concentración prolongada de poder exige controles igualmente prolongados.
La sospecha no es una sentencia. Pero tampoco desaparece simplemente porque resulte incómoda.
El problema institucional aparece cuando cada expediente es tratado como una isla, como si nunca hubiera existido el anterior. Una investigación patrimonial por un lado. Una denuncia por contrataciones por otro. Una actuación relacionada con fondos públicos en otro expediente. Una nueva presentación por una obra. Y así sucesivamente, hasta construir un paisaje judicial demasiado extenso como para despacharlo con la explicación de que todo forma parte de una persecución política.
Si las acusaciones son falsas, corresponde demostrarlo en los tribunales. Si las investigaciones no encuentran pruebas suficientes, corresponde que sean archivadas o que se dicten las resoluciones que correspondan. Y si aparecen responsabilidades, deberán responder quienes correspondan. Esa es, justamente, la función de la Justicia.
Pero existe una obligación que no depende de ninguna sentencia: explicar cómo se administra el Estado. Explicar el patrimonio cuando es cuestionado. Explicar las contrataciones. Explicar las obras. Explicar los fondos. Explicar los vínculos comerciales cuando son objeto de investigaciones. Y, sobre todo, aceptar que quienes gobiernan están sometidos a controles que no pueden convertirse en una molestia circunstancial.
San Nicolás no necesita condenas anticipadas. Necesita certezas. Y esas evidencias no se construyen negando que existen causas. Se construyen permitiendo que cada expediente avance, que las pruebas sean examinadas y que las decisiones judiciales sean respetadas.
Después de tantos años de poder concentrado alrededor de un mismo apellido, la pregunta ya no debería ser solamente qué dice cada denuncia.
La pregunta más incómoda es otra: ¿por qué siguen apareciendo tantas? Porque una causa puede ser un episodio. Dos pueden ser una coincidencia. Pero cuando los expedientes se multiplican y abarcan patrimonio, fondos públicos, contrataciones y obras, la discusión deja de ser solamente judicial.
También es una discusión sobre el poder. Y sobre cuánto está dispuesto a explicar un clan que lleva tantos años ejerciéndolo.
