La implementación del bono extraordinario anunciado por la Municipalidad de San Nicolás abrió una nueva discusión en torno a la política salarial aplicada a los trabajadores comunales.
Según planteos realizados por empleados municipales, alrededor de 120 agentes de planta permanente no percibieron la primera cuota de 500 mil pesos correspondientes al beneficio informado por el Ejecutivo.
De acuerdo con las estimaciones difundidas, el número de trabajadores alcanzados por esta situación representa cerca del 34 por ciento de una planta permanente que rondaría los 350 empleados. En términos prácticos, se trata de aproximadamente uno de cada tres trabajadores que no habría recibido el pago inicial del esquema extraordinario previsto por el Municipio.
El bono forma parte de un programa anunciado por la administración de Santiago Passaglia, compuesto por cuatro cuotas de 500 mil pesos cada una, que totalizan 2 millones y cuyo cronograma de pago se extendería hasta enero de 2027.
Los cuestionamientos apuntan a los criterios utilizados para definir quiénes accedieron al beneficio y quiénes quedaron excluidos. De acuerdo los reclamos, la diferencia no estaría vinculada con categorías, antigüedad o funciones específicas dentro de la estructura municipal, sino que alcanzaría a trabajadores de distintas áreas y sectores.
La situación no es nueva. A comienzos de este año ya se habían realizado planteos por la exclusión de empleados municipales de otros sistemas de bonificaciones y premios, lo que abrió un debate sobre los mecanismos utilizados para instrumentar mejoras salariales a través de adicionales o pagos extraordinarios.
En esta oportunidad, trabajadores afectados anticiparon que recurrirán a la Justicia para reclamar por la situación y solicitar que se revise el criterio aplicado para el otorgamiento del bono.
Otro de los aspectos que forman parte de la discusión está relacionado con el carácter no remunerativo de algunas de las sumas abonadas. Distintos sectores sostienen que este tipo de mecanismos puede tener impacto sobre aportes previsionales y de obra social, al no incorporarse al salario básico de los trabajadores.
El debate también vuelve a poner en primer plano la cuestión de las negociaciones salariales dentro del Municipio. Entre los reclamos aparece el pedido de convocar a instancias formales de discusión paritaria y avanzar en mecanismos que permitan actualizar los ingresos de manera permanente, más allá de la aplicación de bonos o adicionales extraordinarios.
La política de bonificaciones implementada por la Municipalidad ya había generado controversias en años anteriores. En 2024, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires observó el pago de una bonificación extraordinaria destinada a concejales oficialistas y aliados, al considerar que el mecanismo utilizado excedía los parámetros previstos por la normativa vigente.
En el caso actual, la discusión se centra exclusivamente en los trabajadores municipales y en los criterios de distribución del bono extraordinario anunciado por el Ejecutivo local.
Mientras se esperan eventuales presentaciones judiciales y posibles respuestas oficiales, el tema vuelve a instalar el debate sobre la estructura salarial del empleo municipal, la incorporación de sumas no remunerativas y los mecanismos utilizados para otorgar beneficios extraordinarios.
La situación también pone de relieve una discusión más amplia: cómo compatibilizar políticas de reconocimiento económico con criterios transparentes y equitativos que alcancen al conjunto de los trabajadores que cumplen funciones dentro de la administración pública municipal.
