Una investigación que comenzó en Rosario empieza a generar incógnitas que exceden esa ciudad.
La causa federal que tiene como principal acusado al financista Gustavo Shanahan, condenado en 2023 por narcotráfico, reconstruye un presunto circuito de lavado de activos que tuvo entre sus escenarios al negocio portuario y que podría adquirir nuevas dimensiones a medida que avance el expediente.
La expectativa está puesta especialmente en lo que puedan declarar los integrantes del entorno de Shanahan y otros involucrados. Las explicaciones que brinden ante la Justicia podrían aportar información sobre sociedades, operaciones financieras, movimientos de dinero y relaciones empresariales que hasta ahora aparecen parcialmente reconstruidas por los investigadores.
El caso tiene un antecedente especialmente sensible: la participación de Shanahan en Terminal Puerto Rosario (TPR). Según la investigación, entre 2005 y 2012 se produjo un movimiento de fondos vinculado con distintas sociedades que participaron de la estructura económica de la terminal.
Entre las firmas mencionadas aparecen Pro Puerto, Interlogística Portuaria e Inter Rosario Port Services.
Los fiscales reconstruyeron aportes iniciales por 1,85 millones de euros y 1,5 millones de dólares que, según la acusación, estaban vinculados con Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol.
La investigación también analiza la posterior venta de participaciones de la terminal a Vicentin por casi 15 millones de dólares y el recorrido que habrían tenido parte de esos fondos a través de sociedades radicadas en el exterior.
Los investigadores cuentan además con correos electrónicos hallados en el teléfono de Shanahan, que son utilizados para reconstruir sus comunicaciones con Pujol Ferrusola y las referencias a dinero, acciones, sociedades y operaciones vinculadas con el puerto.
El expediente no se limita, sin embargo, a aquella etapa. La Fiscalía sostiene que posteriormente se habría conformado un circuito que involucró operaciones cambiarias, financieras, comerciales, inmobiliarias y movimientos en casinos. También se investiga dinero que, según la acusación, tendría origen en actividades vinculadas al narcotráfico.
El misterio que mira hacia San Nicolás
En este punto aparece la preocupación que excede a Rosario. Nuestra ciudad, por su condición de localidad portuaria y por la cantidad de empresas y actividades económicas que se desarrollan alrededor de esa estructura, observa con atención cualquier eventual derivación del expediente.
Hasta el momento, no existe una imputación que permita afirmar que empresas o empresarios de San Nicolás formen parte de esta causa. Tampoco corresponde establecer vínculos únicamente por compartir una actividad económica o una condición geográfica.
Pero la investigación abre un interrogante que difícilmente pueda ser ignorado: si los fiscales logran establecer nuevas conexiones a partir de las declaraciones y de la documentación incorporada, ¿hasta dónde podría extenderse el mapa de sociedades y empresarios relacionados con el circuito investigado?
La pregunta adquiere mayor relevancia porque la causa analiza justamente la utilización de estructuras empresariales, sociedades y operaciones comerciales para mover fondos y otorgarles una apariencia de legalidad.
Por eso, cualquier mención concreta a empresas, operadores o negocios vinculados con el ámbito portuario de San Nicolás podría generar un nuevo capítulo, aunque una referencia dentro de un expediente no implique necesariamente responsabilidad penal.
La expectativa por las declaraciones
Después de las indagatorias, el juez federal Carlos Vera Barros resolvió que Esteban Shanahan permanezca detenido, mientras que Lucila Shanahan fue excarcelada bajo caución y Graciela Tuero, pareja de Gustavo Shanahan, recibió arresto domiciliario por razones relacionadas con su estado de salud.
Mientras tanto, Gustavo Shanahan continúa detenido en la cárcel de Marcos Paz por la condena que recibió por narcotráfico y aparece ahora como uno de los principales investigados en la causa por lavado.
También están bajo investigación Jordi Pujol Ferrusola e Iván Ferrarons, ambos en España, respecto de quienes la Fiscalía pidió activar mecanismos internacionales de búsqueda y extradición.
La causa recién comienza a transitar una etapa decisiva. El valor de las próximas declaraciones estará dado no sólo por aquello que los imputados decidan contar, sino por la posibilidad de que sus dichos puedan ser contrastados con documentos, transferencias, correos electrónicos y movimientos societarios.
Para San Nicolás, el dato central es simple: la ciudad no aparece imputada en el expediente, pero la actividad portuaria sí forma parte de una investigación que todavía está lejos de haber terminado. Y cuando una causa de esta magnitud comienza a reconstruir sociedades, capitales y vínculos empresariales, la pregunta inevitable pasa a ser dónde termina el circuito que los investigadores ya conocen y dónde podrían aparecer sus próximas conexiones.
Droga por el Paraná: los cinco detenidos y los 500 kilos de cocaína
A principios de agosto, Prefectura Naval Argentina desarticuló una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína a través de la hidrovía del Río Paraná. El operativo terminó con cinco detenidos y un cargamento cuyo valor supera los 11.500 millones de pesos.
La maniobra que utilizaban, conocida como “contaminación de ultramar”, consiste en usar embarcaciones deportivas para aproximarse a buques mercantes en plena navegación y cargar droga de forma clandestina, sin que el cargamento quede registrado en las operaciones portuarias.
En las aguas del Paraná, a la altura del kilómetro 351, cerca de la Rada Norte de San Nicolás, cuatro hombres intentaban traspasar siete bolsos estanco -contenedores impermeables fabricados con materiales como PVC reforzado, cuyas costuras están selladas por radiofrecuencia o termosellado- hacia un buque granelero cuando la Agrupación Albatros irrumpió e interceptó la embarcación.
En los minutos previos a sorprenderlos, los agentes seguían sus movimientos mediante vigilancia encubierta. En las cercanías del Club Somisa, localizaron una camioneta implicada en la causa y, poco después, una lancha se arrimó a la orilla donde los vehículos eran monitoreados y empezó a cargar varios bultos. La persecución se inició cuando estos hechos fueron identificados, prolongándose hasta el lugar de traspaso.
El operativo permitió la incautación de 232 kilos de cocaína distribuidos en 210 panes, así como un automóvil, una lancha tracker, siete bolsos estancos, teléfonos celulares y un GPS.
En simultáneo, se llevaron a cabo otros cinco allanamientos en viviendas de Ramallo, donde decomisaron otros 267 kilos de la misma sustancia de máxima pureza y detuvieron a un sospechoso más. La investigación había comenzado en enero, cuando las autoridades encontraron los primeros indicios de las transacciones en la Reserva Ecológica de la localidad bonaerense de Monte Hermoso. Allí apareció el primer bolso de iguales características a los recientemente incautados, con 34 kilos de cocaína.
Ese hallazgo disparó una investigación de más de siete meses que involucró escuchas telefónicas, seguimientos, dispositivos de geolocalización, análisis de antenas y vigilancias encubiertas.
Al avanzar la pesquisa, fue establecido que el grupo podía desplazarse a lo largo de distintos sectores del cordón del Paraná y efectuar maniobras en Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria; para eludir controles, usaban embarcaciones deportivas en el intento de transferir cargamentos de droga a buques que iban rumbo a puertos internacionales.
