Organizaciones sindicales, sociales y políticas de San Nicolás difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron al diputado provincial Manuel Passaglia por impulsar el enjuiciamiento del juez Alejandro López, quien dictó la sentencia absolutoria de Maximiliano Cabaleyro y otros seis trabajadores camioneros en la causa conocida como “Bloqueo a Rey Distribución”.
El pronunciamiento trasladó el eje de la discusión desde el resultado del proceso penal hacia las consecuencias institucionales de promover un jury contra un magistrado. Para las entidades firmantes, la iniciativa del legislador representa un intento de condicionar la actuación de los jueces.
La controversia comenzó después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás absolviera a los siete acusados en el expediente originado por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la distribuidora Rey, de San Pedro. Tras conocerse la decisión, Passaglia presentó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en la que cuestionó la actuación de López por presunto mal desempeño.
Las organizaciones señalaron que las sentencias pueden generar desacuerdos y que el ordenamiento jurídico establece mecanismos específicos para cuestionarlas. En ese sentido, remarcaron que la posibilidad de recurrir un fallo debe diferenciarse de las acciones destinadas a evaluar la permanencia de un magistrado en su cargo.
“El respeto por la justicia no implica necesariamente compartir el contenido de cada uno de los fallos”, expresaron en el documento.
Sin embargo, consideraron que el planteo del diputado provincial trasciende una discrepancia sobre los fundamentos de la absolución.
“La amenaza de promover un Jury de enjuiciamiento, sólo puede interpretarse como un intento de disciplinar a aquellos jueces que no se plieguen a los deseos de los poderosos”, afirmaron.
El comunicado también vinculó la situación con los conflictos laborales y las consecuencias que, según las entidades, podría tener la judicialización de las protestas sindicales.
“¿Será que cada vez que un grupo de trabajadores inicien un reclamo en el marco de su convenio laboral, tendrán que tener presente que su conflicto será judicializado?”, plantearon.
Desde esa perspectiva, los firmantes sostuvieron que la discusión excede la situación particular de Cabaleyro y alcanza tanto a las garantías de independencia judicial como al ejercicio de los derechos laborales.
En otro tramo, cuestionaron directamente la iniciativa del legislador y preguntaron: “¿Qué intereses encubre la denuncia contra el Juez Alejandro López de nuestra ciudad?”.
También advirtieron sobre el precedente que, a su entender, podría establecerse si los magistrados debieran considerar las posibles reacciones políticas antes de resolver una causa.
“¿Será que cada vez que un juez decida algo tendrá que tener en cuenta a qué político pudiera no gustarle su postura?”, expresaron.
La declaración fue respaldada por la Mesa de la Memoria por la Justicia, Movimiento Mayo San Nicolás, CTA Autónoma, CGT Regional San Nicolás, ATE, CTA de los Trabajadores San Nicolás, Partido Justicialista San Nicolás, Movimiento Evita, SUTEBA San Nicolás, Frente Grande, La Cámpora San Nicolás, Unidad Popular, Sindicato Único de Trabajadores Municipales, Frente Popular Patria y Futuro, Corriente Nacional Martín Fierro y Nuevo Encuentro San Nicolás.
“Desde San Nicolás, señalamos y repudiamos enérgicamente este marco general y el puntual comportamiento antidemocrático del diputado provincial”, concluyeron.
El posicionamiento de estas organizaciones se suma a las repercusiones que generó la sentencia absolutoria y coloca nuevamente en discusión los límites entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y las garantías de independencia de quienes las dictan.
Por su parte, Passaglia sostiene que corresponde investigar el desempeño del juez por presuntas irregularidades en su actuación. La presentación deberá ser evaluada mediante los procedimientos institucionales previstos, sin que la denuncia implique por sí misma la existencia de una falta acreditada.
