Detrás de los movimientos políticos en el norte de la Provincia de Buenos Aires se teje una alianza de alto voltaje cuyo epicentro es el entendimiento operativo entre el clan Passaglia y el gobernador Axel Kicillof.
Lejos de las diferencias ideológicas aparentes, la jugada electoral contempla la postulación a nivel nacional de los Passaglia con una venia implícita del peronismo, diseñada específicamente para dividir el voto de la centroderecha y la oposición.
Esta estrategia busca estrechar la base de sustentación de Javier Milei y obstaculizar las aspiraciones provinciales de Diego Santilli, restándole apoyos claves en secciones electorales determinantes.
Esta sintonía fina no se limita a las especulaciones de boletas y urnas, sino que se traduce en un robusto andamiaje de gestión e intereses compartidos en San Nicolás.
En primer lugar, el pacto contempla otro respaldo político para retener espacios estratégicos en el Puerto, garantizando preservar intereses corporativos.
Para blindar el distrito y sostener la alianza Passaglia-Kicillof en el territorio, la Provincia no cesa en el despliegue de recursos a través de sus carteras clave, enviando equipamiento logístico desde el Ministerio de Seguridad y fondeando un importante paquete de obras públicas en la ciudad desde la administración central.
El engranaje político también alcanza la órbita institucional: el entendimiento se habría sellado con la designación de funcionarios afines a los hermanos Passaglia en puestos claves del Departamento Judicial de San Nicolás, como ocurrió -por ejemplo- con la fiscal general.
Con la mira puesta en el reordenamiento del mapa político, el pacto Passaglia-Kicillof se consolida como una pieza de ingeniería electoral destinada a tensionar el tablero de la oposición y alterar la correlación de fuerzas de cara a los próximos comicios.
