El bloque de Passaglia rechazó una vez más el proyecto impulsado por Federico Chouhy y Mariana Aseff, del bloque Alianza La Libertad Avanza, que reclamaba la publicación de información fiscal y presupuestaria.
La iniciativa no exigía nuevas obligaciones, sino el cumplimiento de normas provinciales vigentes a las que el propio Municipio había adherido.
Durante la sesión desarrollada éste jueves, el oficialismo de San Nicolás rechazó en el Concejo Deliberante una iniciativa que buscaba garantizar que los vecinos pudieran conocer cómo se administra el dinero público.
El proyecto, presentado por el bloque Alianza La Libertad Avanza, reclamaba que el Ejecutivo Municipal publicara periódicamente información sobre la recaudación, los gastos, el endeudamiento y la ejecución del presupuesto municipal.
Se trata del expediente HCD Nº 18532/26, presentado el 10 de agosto pasado, que solicitaba al intendente cumplir con las obligaciones de publicidad fiscal previstas en la Ley Provincial N° 13.295, su reglamentación y el régimen al que San Nicolás adhirió en 2018.
Lo llamativo del rechazo es que el proyecto no pretendía imponer nuevas exigencias al Municipio, sino reclamar el cumplimiento de obligaciones de transparencia ya existentes.
La decisión cobra especial relevancia mientras el Concejo Deliberante analiza las ordenanzas Fiscal y Tarifaria para 2027, que determinan los tributos que deberán afrontar los vecinos y las empresas de nuestra ciudad.
Para 2027, el proyecto de ordenanzas fiscales y tarifarias contempla incrementos superiores al 30 por ciento tanto en las bases de cálculo como en los importes mínimos de las tasas municipales. Esto significa que los contribuyentes enfrentarán mayores obligaciones tributarias, mientras continúa el debate sobre el acceso a la información necesaria para evaluar cuánto recauda el Municipio, en qué se gastan esos recursos y cuál es el costo real de los servicios que presta.
Chouhy sostuvo que resulta indispensable conocer cuánto recauda efectivamente el Municipio, cómo distribuye los recursos y cuánto ejecuta de su presupuesto antes de avanzar en nuevas exigencias tributarias.
El rechazo deja planteada una contradicción política: mientras se discuten los impuestos que deberán pagar los vecinos, el oficialismo se negó a acompañar un pedido para ampliar el acceso público a la información sobre cómo se utiliza ese dinero.
La discusión excede las diferencias partidarias. Se trata del derecho de los contribuyentes a acceder a información pública para conocer y controlar la administración de los recursos municipales.
La pregunta que queda abierta es sencilla: si la información debe ser pública por ley, ¿por qué el oficialismo rechaza el acceso a ella?
