El último jueves, en el recinto del Concejo Deliberante, se desarrolló un debate fundamental que culminó con la aprobación unánime de un proyecto para declarar de interés municipal a la Octava Edición de la Marcha del Orgullo, una convocatoria masiva que llenará las calles este próximo sábado desde las 15:00 en la Plaza de la Radio, con reclamos colectivos y visibilidad en defensa de las diversidades de la ciudad.
Durante el desarrollo de la sesión, las representantes de la organización Orgullo San Nicolás, Dayla Ortiz y Ani Colombo, tomaron la palabra ante los ediles para agradecer el acompañamiento institucional obtenido por parte de todos los bloques políticos, aprovechando simultáneamente la ocasión para advertir que los homenajes de carácter simbólico resultan insuficientes frente a un panorama social marcado por la hostilidad y la agresión cotidiana.
En esa misma línea de exposición, las referentes detallaron ante el cuerpo legislativo una serie de graves hechos de violencia conocidos en los últimos días, tales como la agresión organizada contra personas trans, el travesticidio de una joven y los ataques de odio sufridos hacia las infancias, subrayando que estas situaciones no representan casos aislados sino eslabones de una problemática estructural que atraviesa diariamente a la comunidad.
Frente a este escenario de vulnerabilidad extrema, las representantes remarcaron la urgencia de avanzar hacia respuestas concretas por parte del Municipio, poniendo especial énfasis en la necesidad de aprobar el proyecto de Cupo Laboral Travesti Trans presentado meses atrás para garantizar empleo formal, autonomía económica y frenar la exclusión histórica, sintetizando la postura del colectivo al afirmar que “este reconocimiento no nos cambia la vida, pero una política pública sí puede hacerlo.”
De esta manera, el respaldo unánime obtenido en el ámbito deliberativo marca un antecedente clave de cara a la movilización del fin de semana, dejando en evidencia que las organizaciones sociales continúan construyendo caminos de resistencia frente al olvido y exigiendo que las ordenanzas se traduzcan en proyectos reales, garantías de protección y herramientas institucionales efectivas para asegurar una convivencia democrática libre de violencias en todo el territorio local.
