
La causa ambiental vinculada con Atanor sumó este martes una nueva resolución judicial que vuelve a poner bajo análisis la situación de los recursos hídricos de San Nicolás. La jueza Luciana Díaz Bancalari, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, ordenó a la Autoridad del Agua (ADA) que presente, en un plazo de cinco días, distintos resultados e informes técnicos pendientes relacionados con la calidad del agua, el estado de dos pozos del sistema de abastecimiento y el comportamiento de los contaminantes detectados en el área de influencia de la planta industrial.
La decisión se produjo en el marco del expediente “Actuaciones Municipales-Atanor”, después de evaluar documentación incorporada durante octubre y noviembre, así como las conclusiones de reuniones técnicas y presentaciones realizadas por especialistas que intervienen en el seguimiento ambiental.
Uno de los aspectos centrales de la resolución está relacionado con los análisis de agua potable efectuados el 30 de septiembre de 2026, cuando se tomaron muestras para determinar la eventual presencia de plaguicidas organoclorados y otros pesticidas de uso actual.
Aunque las autoridades técnicas habían informado que los últimos análisis disponibles de pesticidas arrojaron resultados negativos, el juzgado consideró necesario contar con los resultados específicos de aquel nuevo muestreo y ordenó su presentación dentro de los próximos cinco días.
La distinción resulta importante porque los análisis anteriores con resultado negativo no reemplazan la necesidad de conocer las determinaciones más recientes. Al mismo tiempo, la resolución no establece que esas nuevas muestras hayan detectado contaminación: precisamente, sus resultados fueron requeridos para completar la información judicial.
Otro de los puntos pendientes está vinculado con los pozos 23 y 77, que forman parte de las investigaciones sobre el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad.
La magistrada dejó constancia de que la prestadora había presentado información relacionada con ambas perforaciones, pero que los datos todavía se encontraban bajo análisis. En consecuencia, solicitó a la Autoridad del Agua que remitiera las conclusiones correspondientes dentro del mismo plazo.
También requirió los resultados de la evaluación documental realizada por el organismo de control y de la reunión técnica desarrollada a fines de octubre, donde se examinó específicamente la situación de esos dos pozos.
La necesidad de completar estos estudios se relaciona con uno de los interrogantes más relevantes de la investigación: determinar cómo se comportan las aguas subterráneas y si los contaminantes identificados en el predio de Atanor pueden desplazarse hacia otras áreas.
En ese sentido, la resolución dedica especial atención al acuífero Puelche, un sistema de aguas subterráneas cuya dinámica resulta fundamental para establecer el alcance de los procesos de contaminación investigados.
La documentación judicial señala que fue presentado un estudio hidrogeológico y que, según lo informado por un representante de la prestadora del servicio, no se evidenciaría un escurrimiento hacia los pozos de consumo.
Sin embargo, esa información no cerró la evaluación técnica. El expediente también registra observaciones sobre los métodos de medición, el relevamiento de las perforaciones, su ubicación geográfica y las cotas utilizadas para elaborar los estudios.
Por ese motivo, el juzgado reclamó información adicional antes de avanzar con conclusiones definitivas.
La investigación también comprende la posible existencia de un acuitardo, una formación geológica de baja permeabilidad que puede dificultar el desplazamiento del agua entre distintas capas del subsuelo.
Su presencia, continuidad y características resultan importantes para determinar la relación entre los acuíferos Pampeano y Puelche, especialmente frente a los contaminantes encontrados en el predio industrial.
De acuerdo con los antecedentes incorporados a la resolución, el 19 de octubre la Autoridad del Agua notificó a Atanor SCA que debía aportar información sobre hallazgos de hidrocarburos en las cercanías del punto de monitoreo identificado como F21.
El organismo también requirió ampliar la red de monitoreo para obtener datos sobre la composición de los estratos del subsuelo y verificar la posible existencia de una transición geológica o de una capa que limite la comunicación entre los acuíferos.
Posteriormente, los estudios efectuados fueron objeto de nuevas observaciones. Según lo informado en el expediente, los resultados del perfilaje geofísico no permiten definir con certeza la extensión ni la geometría del acuitardo dentro del predio industrial.
Esta incertidumbre tiene consecuencias directas sobre la posibilidad de evaluar el desplazamiento de las sustancias detectadas.
Ante esa situación, la Dirección de Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos planteó la necesidad de solicitar al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) una ampliación del estudio elaborado anteriormente.
El objetivo es avanzar en la construcción de un modelo hidrogeológico que permita comprender mejor el funcionamiento del subsuelo y evaluar el riesgo de migración de los contaminantes de origen humano identificados dentro del establecimiento.
La jueza dispuso correr traslado de esa información a las partes por cinco días, dentro del procedimiento destinado a completar las evaluaciones técnicas.
La resolución también aborda el seguimiento de sodio y nitratos en el agua de San Nicolás, a partir de informes correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2026.
Según comunicó la Autoridad del Agua, las medidas adoptadas por la prestadora fueron consideradas suficientes en esta instancia, aunque deberá continuar el control del plan de trabajo y, si fuera necesario, introducir nuevas exigencias o modificaciones.
El documento judicial aclara expresamente que los parámetros de sodio y nitratos analizados en ese apartado no guardan relación con Atanor, una precisión necesaria para diferenciar ese seguimiento de la investigación específica sobre los contaminantes industriales.
Otro aspecto relevante está vinculado con la intervención de las autoridades sanitarias provinciales.
La resolución incorpora una presentación de la subsecretaria de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, quien ratificó las exposiciones efectuadas durante la audiencia del 21 de septiembre por la directora provincial de Epidemiología, Andrea Jait, y el director de Salud Ambiental, Agustín Hernández Maiztegui.
El juzgado dejó constancia de esa ratificación y de la responsabilidad política e institucional asumida por el Ministerio de Salud bonaerense respecto de las intervenciones de sus funcionarios.
Asimismo, mantiene pendiente la evaluación de las posibles consecuencias sanitarias relacionadas con los hallazgos de contaminación investigados y su eventual incidencia sobre la población que reside en las inmediaciones de la planta.
La nueva resolución se incorpora a una extensa causa ambiental que ha generado distintas actuaciones judiciales sobre la contaminación del suelo, las aguas subterráneas y el río Paraná en el sector de Atanor, ubicado dentro del radio urbano de San Nicolás.
Durante 2026, el expediente registró nuevas medidas vinculadas con el seguimiento de los focos contaminantes, la remediación ambiental y la necesidad de contar con información técnica suficiente para evaluar la evolución del problema.
En este contexto, la decisión de Luciana Díaz Bancalari evidencia que todavía existen aspectos que requieren mayor precisión científica, especialmente sobre la relación entre los distintos acuíferos y la posibilidad de desplazamiento de contaminantes.
La resolución no determina que el agua distribuida a los hogares de San Nicolás sea actualmente no apta para el consumo, pero tampoco permite dar por concluido el seguimiento ambiental. Por el contrario, exige completar información que las autoridades consideran necesaria para evaluar los riesgos y continuar controlando la evolución de los parámetros investigados.
Los próximos informes de la Autoridad del Agua, las conclusiones sobre los pozos 23 y 77 y la eventual ampliación de los estudios por parte del CONICET serán determinantes para esclarecer los interrogantes que todavía permanecen abiertos.
Mientras tanto, la Justicia mantiene activo el control de las actuaciones ambientales vinculadas con Atanor y reclama información adicional para establecer con mayor precisión el comportamiento de los contaminantes y las medidas necesarias para proteger los recursos hídricos de San Nicolás.



