La contaminación ambiental vinculada a la planta de Atanor en San Nicolás sumó un nuevo capítulo de gravedad la cumplirse dos años de aquel 20 de marzo en el que explotó un sector de la fabrica: estudios oficiales confirmaron la presencia de plaguicidas organoclorados en el agua de consumo, mientras que la Municipalidad de San Nicolás aún no habría cumplido con la orden de retirar de servicio los pozos afectados.
El abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medioambiental (FOMEA), expuso que “la contaminación vinculada a la planta de Atanor en San Nicolás suma un nuevo capítulo crítico: nuevos estudios oficiales confirman que el problema alcanza directamente el agua de consumo humano”.
Según detalló, un informe de la Autoridad del Agua bonaerense detectó “peligrosos plaguicidas organoclorados prohibidos —como endrin y lindano— dos insecticidas altamente tóxicos cuya presencia se confirmó en pozos de abastecimiento y en la red domiciliaria -canillas de uso doméstico- en distintos puntos de la ciudad”
El foco más alarmante se concentra en los pozos N° 23 y N° 77, que abastecen sectores urbanos. “En el pozo 23 se registraron niveles insecticidas -venenos- que superan los valores legales de referencia, mientras que en el pozo 77 también se detectaron ambos compuestos. La conclusión oficial es contundente: ‘el agua de esos pozos no es apta para consumo humano’”, subrayó Maggi.
Ante ese escenario, la Autoridad del Agua ordenó al Municipio “sacarlos de servicio de manera inmediata, una medida excepcional que revela la magnitud del problema”. Sin embargo, el abogado fue categórico sobre la respuesta local: “El municipio no cumplió aún con la orden, es decir continúa entregando agua contaminada”.
El problema, además, ya no se limita a los pozos. “Los mismos contaminantes fueron detectados en la red de distribución en el domicilio particular de calle Rademil monitoreado y en otro domicilio particular de calle Lagostena, lo que confirma que la contaminación ya circula dentro del sistema de agua que llega a las viviendas”, explicó.
Maggi enfatizó que no se trata de denuncias aisladas, sino de evidencia oficial: “Es importante informar que se trata de análisis hechos por la Autoridad del Agua en los laboratorios de la Universidad de La Plata, es decir son análisis oficiales que no surge de la mera opinión de vecinos o de las organizaciones ambientales, por el contrario es información generada oficialmente por el Estado”.
Desde el punto de vista territorial, el abogado señaló que “los pozos afectados forman parte del sistema que abastece barrios urbanos, en una zona próxima al área de influencia industrial donde Atanor enterró residuos tóxicos durante décadas”, lo que indicaría que “no se trata de un foco aislado, sino de un proceso más amplio: la contaminación del subsuelo ha ingresado al circuito de agua potable”.
La evolución del caso, agregó, muestra un patrón creciente: “Primero se detectó contaminación en suelo, luego en aguas subterráneas y ahora en pozos de explotación y domicilios”. En ese sentido, advirtió que “cada nuevo estudio que se realiza sobre la contaminación generada por Atanor no reduce la incertidumbre, sino que amplía el alcance del problema”.
En paralelo, el expediente judicial continúa sumando pruebas, incluyendo “afectación de suelos cercanos a la barranca del Paraná que evidencian contaminación de alto riesgo por el contacto directo con la población”.
Para Maggi, el escenario ya excede lo ambiental: “lo que comenzó como la investigación de un pasivo ambiental industrial se transforma progresivamente en una crisis sanitaria de magnitud, con impacto directo sobre el agua de consumo y del suelo que, por acción del viento, se introduce en el aire que respiran los habitantes de la ciudad, fundamentalmente en los barrios aledaños a la zona contaminada”.
Con estos elementos, la controversia se centra ahora en la respuesta institucional del Municipio, en un contexto donde los informes oficiales ya advierten sobre riesgos concretos para la salud de la población.
