El número total de expedientes iniciados alcanzó los 7.505, una cifra que marca un salto significativo respecto de 2024 y que vuelve a poner el foco en el funcionamiento del sistema judicial laboral. Si bien una parte importante de los casos se resuelve mediante acuerdos, el crecimiento de la litigiosidad reabre el debate sobre la duración de los procesos, la estructura de los tribunales y el impacto del contexto económico en el empleo formal de la región.
En diálogo sobre este escenario, el abogado nicoleño Agustín Barba analizó el funcionamiento de la Justicia, las causas del incremento de demandas y los desafíos pendientes en el fuero laboral.
Barba sostuvo que la Justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y que, más allá de su rol institucional, debe entenderse como un servicio destinado a resolver conflictos concretos de la ciudadanía. En ese sentido, explicó que el proceso judicial es la herramienta para llegar a esa solución, aunque muchas veces el exceso de formalidades termina dilatando los tiempos.
“El trámite se ha devorado al proceso”, citó, retomando una enseñanza del reconocido jurista Alberto Binder. Según explicó, cuando el foco se corre del objetivo principal —resolver el conflicto— y se prioriza la rigurosidad formal, aparecen problemas como demoras excesivas, acumulación de escritos y cuellos de botella.
También señaló que la falta de personal, especialmente en los cuerpos auxiliares, y la sobrecarga de causas influyen directamente en la duración de los expedientes. En cuanto a los plazos, reconoció que los procesos con sentencia pueden extenderse durante varios años, en algunos casos entre cuatro y cinco, dependiendo de la complejidad y del volumen de trabajo del tribunal. No obstante, se mostró optimista respecto a los cambios en marcha: Destacó el avance, aunque lento, hacia la oralidad y el uso de herramientas tecnológicas como posibles vías para agilizar el sistema.
Consultado sobre el fuerte incremento registrado en 2025, Barba descartó que exista una única causa. A su entender, el fenómeno responde a una combinación de factores económicos, sociales y políticos. Recordó que el Departamento Judicial San Nicolás abarca una amplia zona industrial siderometalúrgica y sectores vinculados a la agroindustria, además del comercio y la construcción, actividades que, según indicó, atraviesan una situación compleja. “El contexto económico suele explicar los picos de litigiosidad, como ocurrió tras la crisis de 2001”, ejemplificó.
También consideró que el aumento de demandas puede reflejar el fracaso de instancias conciliatorias previas al juicio, como los intercambios formales entre las partes o las gestiones ante el Ministerio de Trabajo: “Cuando se presenta una demanda, en general es porque los intentos anteriores no prosperaron”, explicó.
Respecto de las conciliaciones, sostuvo que son una herramienta válida y que la Ley 15.057, que regula el nuevo proceso laboral en la provincia de Buenos Aires, prevé una audiencia conciliatoria al inicio del trámite. A su criterio, si los jueces asumen un rol activo, esta instancia puede ayudar a descomprimir el sistema. Sin embargo, admitió que muchas veces los trabajadores aceptan acuerdos en función de sus necesidades económicas y de la incertidumbre que genera un proceso largo.
Estructura, decisiones políticas y posibles reformas
En relación con la falta de recursos, Barba señaló que el problema no se limita a una sola variable: Intervienen cuestiones de infraestructura, organización y decisiones administrativas. La misma ley provincial contempla la transformación de los actuales tribunales colegiados en juzgados unipersonales, con la intención de lograr mayor celeridad. No obstante, aclaró que esa reforma aún no se implementó plenamente por cuestiones operativas. Sobre si esta modificación sería una solución real, consideró que su espíritu apunta a acelerar los tiempos, aunque remarcó que su eficacia dependerá de cómo se lleve adelante en la práctica.
Finalmente, el abogado dejó un mensaje para los trabajadores que evalúan iniciar una demanda: Recomendó asesorarse adecuadamente y analizar cada caso en particular. También se refirió a una preocupación frecuente: El temor a no volver a conseguir empleo tras demandar a una empresa. En ese sentido, sostuvo que no debería existir una estigmatización por ejercer un derecho y que el acceso a la Justicia es una garantía constitucional, aunque reconoció que el mercado laboral muchas veces se mueve por lógicas informales difíciles de medir.
Para Barba, más allá de las reformas normativas, los niveles de litigiosidad están fuertemente atravesados por el contexto económico. “Las leyes por sí solas no determinan el nivel de empleo ni la cantidad de juicios; influyen mucho más las condiciones sociales y económicas”, concluyó.
