El uso de plataformas de mensajería instantánea para la supuesta planificación de actos ilícitos genera preocupación en las localidades de Conesa y General Rojo. El caso se originó a partir de una denuncia radicada por una mujer de 47 años, quien presentó capturas de pantalla de un grupo de chat donde se detallarían planes contra la integridad de adolescentes, incluyendo a su propia hija de 14 años.
Detalles de la investigación
La causa, que actualmente tramita bajo la carátula de Averiguación de ilícito, se encuentra bajo la órbita de la UFI N° 2.
Según la denuncia, el principal sospechoso es un joven de 18 años que habría utilizado el entorno digital para proponer acciones coordinadas contra las menores.
La evidencia principal consiste en registros de chats donde se desglosaba la logística de los presuntos ataques.
El acceso a estos mensajes fue posible gracias al hermano de una de las menores, quien también integraba círculos digitales cercanos y alertó a su familia sobre el contenido de las conversaciones.
Medidas judiciales y protección
Ante la gravedad de los hechos expuestos, el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás ordenó de manera inmediata una medida cautelar de protección, estableciendo un perímetro de acercamiento que prohíbe al denunciado cualquier tipo de contacto, físico o digital, con la adolescente afectada.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal avanzó con diligencias urgentes como certificación del domicilio del sospechoso; la toma de declaración testimonial al hermano de la menor en calidad de testigo directo y el análisis de las capturas de pantalla para determinar el grado de organización y la posible participación de otros integrantes del grupo de chat.
Encuadre legal
Debido a que el denunciado cuenta con 18 años de edad, su situación se rige por el régimen penal ordinario.
Los investigadores evalúan si los mensajes constituyen figuras delictivas como Instigación al Delito o Tentativa de Abuso Sexual Agravado, dada la naturaleza de la planificación grupal descrita en la denuncia.
El caso provocó una fuerte conmoción social en el Partido, poniendo de manifiesto la necesidad de supervisión en los entornos digitales y la rápida respuesta de las autoridades ante amenazas detectadas en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
