El Gobierno Nacional decidió cerrar 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, incluyendo la oficina que operaba en San Nicolás.
Según la información de las últimas horas, Jonathan Ingrata, el coordinador local, ya fue oficialmente despedido.
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado explicando que la clausura de los CAJ se debe a que estos centros “brindaban de manera ineficiente servicios que corresponden al Poder Judicial y a otras dependencias”.
Mariano Cuneo Libarona, a cargo del ministerio, detalló que “el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas administraciones pasadas en dependencias a lo largo del país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”. Asimismo, se indicó que el mantenimiento de estos centros “le costaba a los argentinos más de $8 mil millones por año”.
Las autoridades ministeriales cuestionaron la asignación de recursos a los CAJ, señalando que “en la nueva etapa que vive nuestro país, tal gasto ya no es justificable. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes”.
El comunicado también subrayó que “todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es innecesaria la financiación de más oficinas, más empleados y más recursos dedicados a las mismas funciones”.
La medida genera diversas reacciones en las comunidades afectadas, donde los CAJ desempeñaban un papel importante en el acceso a servicios legales para sectores vulnerables.
