El juez federal Marcelo Martín Bailaque sigue demorando el avance de la causa, a pesar de los fallos judiciales que lo obligan a actuar. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario anuló la sentencia dictada en dictadura sobre la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977. Las investigaciones realizadas en democracia confirmaron que no se trató de un accidente, sino de un asesinato simulado en la ruta, a la altura de Ramallo. Ponce de León era un fuerte opositor a la represión militar y denunciaba las detenciones ilegales y desapariciones de estudiantes, trabajadores, delegados sindicales, militantes políticos, catequistas y sacerdotes, lo que lo convirtió en un blanco del terrorismo de Estado.
El Máximo Tribunal penal del país, a través de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, ratificó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario y declaró la sentencia de 1978 como “cosa juzgada irrita”, es decir, nula por haber sido dictada en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Con esta decisión, el fiscal federal Matías Felipe Di Lello solicitó la indagatoria de tres exmilitares y dos civiles, imputados como coautores del Homicidio Agravado de Ponce de León y de la Tentativa de Homicidio Calificado contra Víctor Oscar Martínez, quien lo acompañaba en el vehículo.
Una maniobra dilatoria
El pedido de indagatoria se presentó el 10 de julio de 2024, pero casi diez meses después, el juez Marcelo Martín Bailaque aún no ha avanzado en las citaciones. Los imputados son el exjefe de Personal y Logística del Área Militar 132, Bernardo Luis Landa; el exjefe y el exsegundo jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada y Luis Américo Muñoz; el conductor de la camioneta Ford F-100 contra la que impactó el Renault 4 del obispo, Luis Antonio Martínez, y el titular registral de la camioneta y directivo de la empresa Agropolo S.A., Sergio Carlos Bottini.
Pese a la orden judicial, Bailaque no ha convocado a declarar a los acusados. Su argumento para justificar la demora es un exhorto al Vaticano enviado el 23 de octubre de 2024, supuestamente para recabar más información. Sin embargo, el fiscal Di Lello desestimó esta justificación, señalando que la solicitud de indagatoria se presentó tres meses antes, por lo que la consulta al Vaticano no es un motivo válido para retrasar la causa.
En respuesta a esta inacción, el 10 de febrero de 2025, Di Lello presentó un recurso de queja por retardo de justicia contra el juez Bailaque, respaldado por la querella representada por la sobrina del obispo Ponce de León. Este reclamo ya había sido anticipado con un pronto despacho presentado en diciembre, instando al magistrado a actuar sin más dilaciones.
Retardo de justicia
El fiscal federal recuerda que se investiga “un posible delito de lesa humanidad perpetrado en la última dictadura cívico-militar, por lo que la eventual denegación, retardo de justicia” mantiene la impunidad, provocando que el Estado Nacional “incurra en incumplimientos de las normas, tratados y pactos internacionales”.
Además, añadió Di Lello que esto “impide a los imputados ejercer acabadamente su derecho de defensa e incluso, precisar aspectos relevantes para su situación procesal” de hechos ocurridos hace 47 años.
Reacción de la Iglesia
Mientras la justicia sigue sin resolver la causa, la Iglesia Católica dio en el último año tres gestos inéditos en torno a la figura de Carlos Horacio Ponce de León:
- Creación de una comisión especial
El entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea, y su sucesor, Marcelo Colombo, impulsaron la formación de una comisión especial para recopilar información sobre la vida y obra pastoral del obispo asesinado. - Notificación a los obispos argentinos
El 9 de julio del año pasado, más de cien monseñores argentinos fueron notificados sobre la apertura de una nueva investigación. En la comunicación se confirmó “el inicio de una nueva investigación para dilucidar la muerte del recordado Obispo de San Nicolás de los Arroyos”. - Mensaje de la Iglesia por el aniversario de su muerte
En la misma notificación, se adjuntó la resolución de Casación Penal, y se incluyó una declaración en la que los obispos expresaron: “Cercana la fecha de la muerte de nuestro hermano, en el Episcopado elevamos a Dios una oración por su eterno descanso y deseamos que la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido el 11 de julio de 1977”.
