La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenó la clausura total preventiva de la planta Atanor en San Nicolás, tras comprobar la presencia de contaminantes industriales en vertidos no autorizados. La medida se resolvió luego de una inspección realizada el 9 de junio, cuyos análisis de laboratorio confirmaron violaciones a la normativa ambiental vigente.
En las muestras se detectaron glifosato, AMPA, atrazina, metolacloro, imazetapir y clorpirifos —este último prohibido por orden judicial—, además de compuestos como fenoles, SAAM, sustancias solubles en éter etílico y metales pesados (arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc). La empresa no tenía autorización para el vuelco de efluentes industriales, sino solo para líquidos cloacales.
La resolución de ADA, con fecha 11 de julio, calificó al líquido vertido como de “características industriales” y dispuso el cierre en un plazo de 24 horas, el cegado del ducto, la disposición del líquido contaminante a través de operadores habilitados, y la presentación de un cronograma de desmantelamiento de la planta de tratamiento y la laguna de contingencia.
Días antes de que se conociera públicamente la resolución, el Grupo Albaugh, titular de la firma, anunció la relocalización de su producción a otras plantas del país. La empresa informó además que el predio será reconvertido en un centro logístico para productos formulados en Pilar.
Desde la Asociación Civil FOMEA, el abogado Fabián Maggi recordó que la relocalización ya había sido solicitada en el marco de la demanda judicial impulsada por vecinos. Aclaró, sin embargo, que la continuidad de actividad logística en el mismo predio representa nuevos riesgos, ya que se trata de una zona cercana a barrios habitados y a una escuela. Además, señaló que la empresa debe hacerse cargo del pasivo ambiental, en referencia a los residuos industriales aún presentes en el lugar.
Por su parte, Agostina Rossi Serra, de Greenpeace Argentina, sostuvo que la mudanza de la producción no implica el cierre total del predio, ni garantiza la eliminación del riesgo ambiental. “Se traslada el modelo, pero el sitio sigue contaminado”, advirtió.
La causa judicial sigue en curso. Organizaciones ambientales y sociales reclaman que se avance en un plan integral de remediación y que se definan las responsabilidades administrativas y penales vinculadas a los hechos detectados.
