El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires presentó su informe anual correspondiente a 2024, publicado a fines de mayo de este año. El documento, elaborado por el Departamento de Estadísticas de la Procuración General, releva la cantidad y tipo de delitos cometidos en el territorio bonaerense, comparando los datos con los registrados en 2023. Abarca todas las Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) ingresadas en el Fuero Criminal y Correccional.
En toda la provincia se iniciaron 1.082.502 causas, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al año anterior. En el Departamento Judicial de San Nicolás —que incluye los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, San Nicolás, San Pedro y Ramallo— se contabilizaron 23.278 causas, 882 más que en 2023, con una suba del 3,9%.
En delitos contra las personas, el informe detalla que en San Nicolás hubo 9 homicidios consumados, 15 tentativas, 1 homicidio criminis causa y 5 homicidios agravados, lo que implica un aumento del 14,3%. Los homicidios culposos bajaron a 35, un 16,7% menos que el año anterior.
Respecto a los delitos contra la integridad sexual, se registraron 246 denuncias por abuso sexual simple (una baja del 16,3%) y 61 por abuso sexual con acceso carnal, lo que marca un incremento del 5,2%. Además, se iniciaron 96 causas por otros delitos de este tipo, como el grooming, con una suba del 17,1%.
En cuanto a los delitos contra la propiedad, las estafas subieron un 1,9% en la región, con 859 denuncias. Los hurtos simples crecieron un 11,8%, alcanzando las 2.709 denuncias. Los hurtos agravados de vehículos subieron un 12% (419 causas), y los otros hurtos agravados aumentaron un 181,3%, con 180 procesos iniciados. Por su parte, los robos crecieron un 16,3%, con 2.093 IPP iniciadas.
También se reportaron 2.200 causas por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, lo que marca una suba del 5,5%. Las causas por encubrimiento también aumentaron, con una variación del 65,5%. En contraste, las desobediencias bajaron en un 65,5%, con 847 casos.
El relevamiento permite dimensionar la evolución del delito en cada jurisdicción y sirve como herramienta para el diagnóstico del sistema judicial y la intervención de las políticas públicas.
