El Consejo de la Magistratura de la Nación dio un paso clave hacia la posible destitución del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, al aprobar en plenario un dictamen elevado por la Comisión de Acusación que lo imputa por mal desempeño en tres causas distintas.
Bailaque está bajo investigación por su presunto vínculo con Esteban Alvarado, uno de los principales narcotraficantes de Rosario. Se le reprocha haber demorado al menos tres años en impulsar una causa contra él, período en el cual Alvarado habría fortalecido su estructura criminal, incrementando su poder económico y ordenando homicidios.
El pasado 11 de junio, Bailaque intentó eludir el proceso de juicio político al presentar su renuncia, en medio de la presión creciente por las causas abiertas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales solicitaron al presidente Javier Milei que rechace la dimisión, ya que de ser aceptada, el juez podría evitar el proceso institucional y acceder a una jubilación de privilegio.
Durante el juicio contra Alvarado, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery señalaron que el narcotraficante operó durante años con protección estatal. En ese contexto, remitieron al Consejo las audiencias en las que testigos declararon sobre las demoras atribuidas a Bailaque, interpretadas como posibles actos de encubrimiento.
La situación del juez se agravó con nuevas revelaciones. Una investigación iniciada por fiscales federales de Rosario, a partir de una nota publicada en el diario La Nación, detectó que Gabriel Mizzau, contador de Bailaque, también manejaba las cuentas de Alvarado.
A ese expediente se sumaron otras dos causas: una vinculada a una presunta extorsión en 2019, en la casa del magistrado, donde se habría exigido una coima de 200.000 dólares al empresario Claudio Iglesias para detener una causa por lavado de dinero. La otra investigación apunta al manejo irregular de fondos de una cooperativa de estibadores intervenida, que habrían sido canalizados a través del Grupo Unión, una mutual encabezada por Fernando Whpei.
El pasado 17 de junio, Bailaque tuvo oportunidad de realizar su descargo ante la Comisión de Acusación, pero en lugar de declarar personalmente, envió un documento en el que negó los cargos. Sin embargo, el dictamen presentado por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques fue aprobado en plenario, consolidando el proceso hacia su posible remoción.
